El mayor problema económico que presenta la sociedad colombiana, son la falta de oportunidades laborales que se han incrementado durante la pandemia de la Covid-19, generando una disminución de la demanda agregada en el país. Todos los gobiernos anteriores, han estado promulgando medidas que van en contra del bienestar de las familias. La creación sucesiva de reformas tributarias y laborales, que junto con los reiterados confinamientos que padecimos durante cerca de seis meses, han creado todo este panorama desalentador para la economía nacional.

Una de las alternativas que se deben auscultar por parte del Estado Colombiano, es fortalecer los ingresos de los diferentes agentes económicos del país. Las familias constituyen el primer eslabón del ciclo económico, para fortalecer la dinámica productiva, que se encuentra en cuidados intensivos. Actualmente estamos viviendo una pandemia económica muy preocupante. Si la población tiene ingresos adecuados para satisfacer sus demandas, el sector de comercio y servicios se beneficiará y por consiguiente el aparato productivo. Esta es una lógica natural que no podemos desconocer.

Por este motivo, es absurdo escuchar la intencionalidad de algunos voceros gremiales y gubernamentales, que han planteado la necesidad de reducir la jornada laboral, con el fin de disminuir costos de operación en sus empresas. Las experiencias de años anteriores han dado con el traste con los objetivos que se proponían en su época para mejorar su rentabilidad a través de estas reformas laborales. Ninguna ha dado óptimos resultados. Por el contrario, cierres de establecimientos comerciales y quiebra de factorías, son el panorama que se visualiza antes y que se agudizado con la pandemia. La respuesta está en la falta de ingresos de las familias colombianas y los centros comerciales, no encuentran una salida para superar la crisis.

Por este motivo la discusión que se ha venido dando para reducir la jornada laboral, que busca disminuir en 8 horas la jornada laboral y que provocaría una absurda reducción de $85.309 por persona de sus exiguos ingresos que perciben semanalmente del salario semanal. Es un esperpento jurídico planteado para seguir empobreciendo a las familias colombianas. El Congreso de la República, no debe prestarse para esta aprobación. Aspiramos que los parlamentarios huilenses tengan claro, que esta iniciativa se debe rechazar.

Se deben explorar y analizar otra clase de iniciativas para recuperarnos de esta crisis. Esta casa editorial, lo ha expresado anteriormente. Evitar o moderar el retroceso requerirá esfuerzos y sacrificios en clave colectiva, una actitud comprometida y solidaria de toda la sociedad: gobierno, banca, gremios, empresarios, patronos y empleados. La reactivación económica debe acompañarse de medidas para crecer con equidad, blindar empleos y proteger a los más pobres.