La Entidad sostuvo que investigará los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado los funcionarios. La apertura de este proceso se debe a los disturbios entre policías y campesinos en Los Pozos.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Tras el asesinato de un uniformado de la Policía y un civil, así como el secuestro de 78 uniformados de Policía, durante 30 horas en Los Pozos, San Vicente del Caguán en el Caquetá, el Gobierno Nacional y sus acciones han quedado en la mira nacional de los entes de control.
Investigación
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra los ministros del Interior y Defensa, Alfonso Prada Gil e Iván Velásquez Gómez, por la presunta omisión de sus funciones durante las manifestaciones que tuvieron lugar en San Vicente del Caguán en las que 79 policías fueron retenidos durante más de 24 horas.
La investigación de la Sala Disciplinaria de Instrucción buscará establecer los hechos de incidencia disciplinaria en los que pudieron incurrir los funcionarios y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que tuvieron lugar los hechos que dieron a conocer los medios de comunicación.
Asimismo, la Entidad sostuvo que investigará los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado Prada Gil y Velásquez Gómez y decidir si podrían constituir falta disciplinaria a la luz del Código General Disciplinario, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.
La indagación contra el jefe político del Gobierno Nacional y el encargado de la cartera de Defensa se debe a que al parecer no actuó a tiempo para evitar los hechos que terminaron en disturbios entre policías y campesinos en Los Pozos, San Vicente del Caguán.
Y es que la semana pasada, 78 policías fueron retenidos por campesinos de la zona, luego de desmanes en una central petrolera de la zona. Sobre esto, la procuradora general dijo en la entrevista que «si el Ejecutivo, a través del ministro del Interior y la viceministra de Diálogo Social, hubieran actuado a tiempo, no estaríamos lamentando la tragedia que ocurrió. Pero no actuaron de manera coherente con la magnitud de la situación de la que les alertamos».
El reparo de la jefa del Ministerio Público es que en febrero nadie del Gobierno tomó cartas en el asunto, y solo hasta ahora se vino a acordar un diálogo, después de que murieron en medio de los hechos un policía y un campesino. Esa supuesta omisión también le pasaría factura a uniformados, quienes no habrían actuado a tiempo.
En todo este caso, el ministro Prada ha sostenido que lo que pasó la semana pasada -cuando hubo dos muertos- se trató de un cerco humanitario, y no de un secuestro.
A la par de la investigación disciplinaria contra los dos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación también anunció la semana pasada que evalúa abrir procesos penales por supuestas omisiones.
Gobierno Nacional logró acuerdos
Paralelamente a las declaraciones entregadas por la Procuraduría General de la Nación, el Portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, destacó este lunes en el informativo Colombia Hoy Radio los seis puntos del Acuerdo de Los Pozos logrado con las comunidades de la región del Caguán, en el departamento del Caquetá.
“La protesta social muchas veces tiene contenidos históricos y profundos de desigualdad, desequilibrio, de pobreza, de exclusión, de racismo y de clasismo. Ahora veía en las redes sociales algunas expresiones y la verdad que es triste el desconocimiento que muestran muchos frente a la situación que viven los campesinos colombianos”, aseveró Prada.
Resaltó que luego de un esfuerzo de varios días, con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares “en el territorio logramos que regresaran sanos y vivos, 78 miembros de la Policía. Muchachos muy jóvenes, que yo recibí personalmente”.
Puntos claves
Sobre los puntos del Acuerdo, el Ministro se refirió a la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán-Los Pozos-Las Delicias, de 42 kilómetros, que era una de las principales demandas de las comunidades durante las protestas.
El Vocero del Gobierno indicó que “a la vía no se le hacían reparaciones ni mantenimiento; ellos tienen muchas actas que me exhibieron de incumplimientos, reiterados y permanentes de los compromisos tanto de los gobiernos nacionales como de los municipales y de la empresa (Emerald Energy). Ese es un poco el caldo de cultivo de la movilización”.
En el punto 2,2 del Acuerdo de Los Pozos quedó explícito que “se iniciará la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán-Los Pozos-Las Delicias por fases. La primera fase iniciará con la pavimentación de los primeros 10 kilómetros en un término no mayor a 6 meses, a partir de la firma del presente Acuerdo”.
Asimismo, se indica que en el mismo tiempo de los 6 meses se terminarán los estudios y diseños con protocolos de vías verdes, de los 32 kilómetros faltantes.
Adicionalmente, se acordó que Invías y el Ministerio de Transporte iniciarán un proceso de revisión para la estructuración de la rehabilitación de la vía Florencia-San Vicente del Caguán.
Con relación a la petrolera Emerald Energy, que opera en la zona, el Acuerdo enuncia que el “Gobierno Nacional, desde la firma del presente Acuerdo, revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy, y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”.
En el mismo contexto, sobre el tema de hidrocarburos, en el Acuerdo de Los Pozos se plasmó que “se establecerá un esquema de asociatividad entre las organizaciones sociales, el Gobierno Nacional y los entes territoriales para el descongelamiento de los recursos de regalías por municipio productor, con el apoyo del Ministerio del Interior”, y que “la inversión de los recursos se concertará conjuntamente con la comunidad” en el territorio.
Con relación a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de los proyectos alrededor de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), se acordó que al 31 de marzo de 2023 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con las comunidades, hará una revisión para su actualización y priorización.
Además, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Transporte acompañarán, con sus equipos técnicos, la formulación de los proyectos que correspondan a sus sectores.
Rechazan hechos de violencia
Respecto a los sucesos ocurridos en el marco de las protestas en el Caguán, el “Gobierno Nacional, con el movimiento campesino de Guaviare, Caquetá y Meta, lamenta y rechaza de forma contundente los hechos de violencia presentados el 2 de marzo de 2023 en la Inspección Los Pozos, San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá”.
“Esta condenable violencia dejó tres colombianos muertos, un miembro de la Policía Nacional y dos campesinos, a cuyos familiares y seres queridos extendemos nuestro pésame y solidaridad. Igualmente, esperamos que los heridos logren una pronta recuperación”, dice la introducción del Acuerdo de Los Pozos.
En el mismo sentido, señala que “el Acuerdo que aquí se presenta consiste en un ejercicio vivo de construcción de paz con la naturaleza y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ambos fundamentales para alcanzar la Paz Total”.
De la misma forma, se enfatiza que el diálogo será el método por medio del cual se resuelva cualquier posible gestión o diferencia.
Comisión mixta de Derechos Humanos
Con base en lo anterior, en el primer punto del Acuerdo se anuncia que se nombrará una Comisión mixta de Derechos Humanos compuesta por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Dirección de DD.HH. del Ministerio del Interior, la Dirección de DD.HH. del Ministerio de Defensa y representantes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión de DD.HH. de la Coordinadora del Suroriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas).
Cabe anotar que este proceso será acompañado por la Misión de la ONU en Colombia.
Esta Comisión analizará y acompañará casos que actualmente existen en contra de campesinos de las organizaciones sociales de Meta, Guaviare y Caquetá derivados de contextos de protesta social, en particular por los hechos sucedidos en Los Pozos el 2 de marzo y en el marco de la implementación del Plan Artemisa contra la deforestación. Para lo pertinente, la Defensoría del Pueblo invitará a la ONU-DD.HH. y a la Fiscalía General de la Nación.
