Una estrategia liderada por la Superintendencia Nacional de Salud, permite que tanto de deudores como acreedores, en este caso voceros de las Entidades Prestadoras de Salud, (EPS), se reúnan con sus similares de los hospitales y clínicas, donde realizan acuerdos de pago de sus obligaciones financieras.
Esta última jornada de convenios, que realiza la entidad inspectora de la Salud en Colombia, pues las otras 20 conciliaciones, se hicieron en los demás entes territoriales en el transcurso del año.
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El dinero que sería recuperado
Frente a esta estrategia, que ya goza de reconocimiento entre las distintas Entidades Prestadoras de Salud, Diana Cecilia Sarruf, superintendente Delegada para la Comisión Jurisdiccional y de Conciliación, manifestó: “en el departamento del Huila, se lograron acuerdos de pago entre delegados de las EPS y sus similares de los hospitales y clínicas, por orden de los $11 mil millones, con fecha de corte al 30 de noviembre. Para ello contamos con todo un equipo jurídico y administrativo”.
Para la funcionaria, son muy satisfactorios los pactos económicos al que llegan estas entidades de salud.
De igual manera, la superintendente, señaló que antes de realizar las jornadas de conciliación, ellos convocan a todas las Entidades Prestadoras de Salud. “Para el Huila, debemos resaltar que Asmet Salud, a pesar de estar intervenida por el Estado, se ha acercado a hacer los pactos financieros”.
Asimismo, las entidades que llegaron pactos económicos en la región fueron: Sanitas, Mallamas, AYC y Nueva EPS.
En este orden de ideas, una de las funcionarias más contentas con los acuerdos, fue Elsa Rocío Guerrero, asesora jurídica del Hospital San Francisco de Palermo, quien expresó: “este acuerdo de pago lo realizamos con Sanitas. Firmamos, los documentos por $206 millones que nos permitirá terminar el año saneado”
“De los pagos a finiquitar, firman las actas y quedamos con unos acuerdos establecidos y claros de cumplimiento entre las partes. Ya que nuestra entidad es una entidad es de primer nivel de complejidad y estos recursos serán direccionados para nuestro funcionamiento”, añadió la funcionaria.
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Implicaciones jurídicas y administrativas
En caso de incumplimientos por parte de los ‘morosos’, la Ley 1949 de 2019, explicita. “La presente tiene por finalidad el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria.
Adicionalmente, se redefinen las competencias de la superintendencia, en materia de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa y en lo que respecta a la función jurisdiccional y de conciliación, modificando también en esta última, los términos procesales para decidir los asuntos de su conocimiento.
En ejercicio de la función de control sancionatorio y en desarrollo del procedimiento que para el efecto se haya previsto, la Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer las siguientes sanciones: escritas y multas entre 200 y hasta 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas, y entre 50 y hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales”.
“Nosotros hacemos inspección a los recursos solicitados y además, vigilamos el cumplimiento de lo pactado. Además, existen cláusulas, donde se resaltan las obligaciones para el caso de incumplimientos totales y parciales, dirigido a los jefes de cartera, y cuando observamos estas irregularidades, trasladamos el caso a la delegada de Investigaciones Administrativas de nuestra entidad de salud”, agregó la funcionaria. Asimismo, de estas obligaciones solo el 15% son incumplidas.
¿Qué buscan con la intervención estatal?
En este sentido, Diana Sarruf, habló en lo concerniente a la intervención realizada por el Estado a estas entidades de salud
Desde la entidad, agregó que han tenido como principios rectores, la protección al derecho de la salud de los usuarios y la de los recursos del sistema, por ende con estas jornadas impactan ambos ejes. Sin duda, la recuperación de recursos, va a permitir el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.
Con estas sumas pactadas, y no solamente se beneficiarán los usuarios, también los operarios de servicio de salud, más cuando los hospitales y clínicas en ocasiones les adeudan, primas, sueldos entre otras obligaciones monetarias.
¿Cómo le fue al Caquetá?
En cuanto al vecino departamento, se alcanzó un acuerdo de más de $18 mil millones entre deudores y acreedores. “La red pública de esta región, va a ser beneficiada con estos pactos de dineros adeudados”.
Ya la Superintendencia Nacional de Salud, ordenó en mayo del presenta año, la intervención forzosa para administrar por un año a la EPS Asmet Salud, debido a las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de los usuarios, así como por la crítica situación financiera de esta entidad promotora que tiene 2.027.382 afiliados en 12 departamentos del país.
Según ha recalcado la entidad, de esa deuda, 539.000 millones de pesos (56,5 por ciento) corresponden a una cartera superior a 180 días. La decisión de intervenir para administrar esta EPS se toma también por la delicada situación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que viene presentando esta EPS en los departamentos de Caquetá, Risaralda, Caldas, Tolima, Santander y Norte de Santander. Cabe recordar que la entidad en mención, ha venido pagando los dineros adeudados.
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Millonaria suma en conciliación
La funcionaria, indica que en estos 15 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro, “hemos llegado acuerdos económicos por una cifra de $1.5 billones. Y el lineamiento del superintendente fue claro, en indicarnos que la intervención, se hace para rescatar de las mencionadas entidades, que redunda en el bienestar de los usuarios”. Las entidades aludidas, no serían liquidadas.
Cabe aclarar que a las mesas de flujo de recursos realizadas en Huila el pasado septiembre, la Supersalud convocó a 51 IPS y 10 administradoras del sistema. Las reuniones se llevaron a cabo de manera presencial en la ESE Carmen Emilia Ospina, ubicada en Neiva.
Las EPS que mayores acuerdos suscribieron para esa fecha, fueron Ecoopsos ($7.445 millones de pesos); Asmet Salud ($1.421 millones de pesos), Sanitas ($961 millones), Nueva EPS ($726 millones) y Famisanar ($684 millones).
En cuanto a las IPS, el mayor acuerdo se alcanzó con Hospital Departamental San Antonio de Padua, por un valor superior a los $7.098 millones, seguido por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, para el que se gestionaron $1.498 millones de pesos. Se espera que los montos pagados, disminuyan las deudas.
¿Qué dice la Defensoría?
Ya a inicios del pasado mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo instó a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental. El llamado surge por la decisión adoptada por Cruz Verde de no continuar con el suministro de medicamentos ni otros productos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Al Gobierno Nacional, le solicita verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
La suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre por el operador farmacéutico, debido a que Sanitas le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago.
Esta polémica ya fue resuelta por la entidad encargada de realizar la entrega de los medicamentos a los usuarios.
