La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, por los falsos positivos ocurridos en la zona del Catatumbo, a diez militares y un civil.
Entre quienes son señalados en la decisión proferida por el tribunal se encuentran el general (r) Paulino Coronado, quien dirigió la Brigada 30 en Cúcuta, al Coronel (r) Santiago Herrera excomandante de la Brigada Móvil 15 y otros soldados. Ese fenómeno criminal dejó como saldo la muerte de 120 personas.
De acuerdo con los jueces, concluyeron que se presentó un patrón macrocriminal, lejos de las “manzanas podridas”.
“Fue una acción planificada, organizada ejecutada minuciosamente que entraña redes criminales e inclusive el enquistamiento de aparatos criminales que tenían ese propósito”, señaló el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes.
Los jueces precisaron que según sus pruebas y las versiones recogidas, los comandantes y miembros más importantes del estado mayor de la Brigada 15 y el Batallón de Infantería número 15 (entre 2007 y 2008) se concertaron con otros oficiales con un “plan criminal común”, distribuyéndose las tareas entre sí para asesinar a las víctimas.
Entre los hechos descritos para “ocultar” las ejecuciones extrajudiciales, los magistrados encontraron destrucción de pruebas o compra y alteración de testimonios.
Los jueces hicieron un llamado a quienes fueron imputados a hacer el reconocimiento debido o “tomar el camino que mejor consideren”, recordándoles que de rechazar los señalamientos realizados por el tribunal, serán sometidos a un juicio en el que se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.
Foto: BBC Mundo
