El próximo 2 de octubre, el Senado de la República elegirá al nuevo Procurador General de la Nación, entre una terna compuesta por Gregorio Eljach, Germán Varón Cotrino y Luis Felipe Henao. Aunque Gregorio Eljach parece contar con el respaldo de la mayoría de las bancadas políticas, esta elección ha generado un intenso debate en la clase política colombiana, donde se destaca la voz crítica del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
En una reciente columna publicada en El Diario del Huila, Vargas Lleras expresó su preocupación sobre las implicaciones que esta elección podría tener para la administración del presidente Gustavo Petro. Según el exvicepresidente, la verdadera relevancia de este proceso radica en la influencia que el nuevo procurador podría ejercer en la Corte Constitucional, un órgano clave en la validación de las decisiones gubernamentales.
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Vargas Lleras afirmó que la elección del nuevo Procurador podría ser un «bálsamo» para el presidente Petro, dado que, según él, ya cuenta con el apoyo de tres magistrados dentro de la Corte Constitucional: Juan Carlos Cortés, Vladímir Fernández y Natalia Ángel. El exdirigente aseguró que esta consolidación de poder facilitaría que el mandatario avance en su agenda política sin contrapesos importantes desde el poder judicial.
Uno de los puntos más relevantes que Vargas Lleras plantea es la elección de nuevos magistrados de la Corte Constitucional, prevista para mayo de 2024. En su columna, subraya que con la salida de la magistrada Cristina Pardo, Petro tendrá la oportunidad de nominar su reemplazo, lo que podría darle el control de cuatro magistrados de un total de nueve. El exvicepresidente alerta que, si se consolida esta mayoría, el mandatario estaría en una posición para «proceder con su constituyente modelo Maduro, o con una posible emergencia o el llamado decretazo» que le permitiría extender su permanencia en el poder.
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Además de sus observaciones sobre el impacto que la elección del procurador tendría en el balance institucional, Vargas Lleras reiteró su postura a favor de eliminar la Procuraduría General de la Nación. Argumentó que este órgano de control no tiene un rol efectivo en la sanción de funcionarios electos por voto popular, tal como ocurrió en el caso de Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá en 2013. A su juicio, las decisiones de la Procuraduría no son vinculantes para los jueces y, en la mayoría de los casos, las investigaciones que adelanta terminan prescribiendo o archivándose.
