Desde esta tribuna hemos afirmado que la prestación de los servicios públicos en Colombia son bastantes onerosos para el bolsillo de los colombianos. El alza sucesiva de las tarifas tiene colapsados los exiguos ingresos de las familias colombianas. Hay que destacar la iniciativa que ha tenido la actual administración de Gustavo Petro Urrego de corregir estos desbordamientos exagerados que cobran mensualmente estas organizaciones, que se plasman en los recibos que, con la anuencia de la Comisión Nacional de Regulación de Servicios Domiciliarios, se han convertido en un verdadero viacrucis para los hogares.
De nada han servido, las mesas de trabajo que han sostenido las empresas prestadoras de estos servicios con delegados del gobierno nacional. Se continúan incrementado ostensiblemente dichas tarifas. Tal es el caso que se presentan los agentes económicos del país que se encuentran desesperados por el incremento excesivo de las tarifas del servicio de energía domiciliario, porque han superado todas las proyecciones de sus presupuestos, que están generando un proceso de pauperización de los sectores poblacionales de menores ingresos en el país. No se compadece con la coyuntura económica actual que está viendo el país, donde 17 millones de personas viven con dos dólares diarios y 5 millones tienen un ingreso de un dólar diario. Los recibos de energía durante el último año han tenido incrementos exagerados que desbordan la capacidad de pago de los recibos de energía que mensualmente llegan a los hogares.
Por tal motivo, es plausible la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir directamente las funciones de esta Comisión Reguladora, con el fin de intervenir directamente estas tarifas. Así le lluevan rayos y centellas de distintas orillas, vale pena. El artículo 370 de la Constitución y el 68 de la Ley 142 de 1994, le faculta retomar las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la Presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Es injusto por ejemplo lo que sucede con la energía. A pesar de que el gobierno nacional ha logrado intervenir levemente el libre mercado energético que presenta nuestro territorio, para reducir las tarifas de la luz, no son suficientes las medidas adoptadas. Todavía se mantienen altas las tarifas por el aumento de la tasa del IPC y del IPP, que está elevando exageradamente el costo de la luz, convirtiendo en un verdadero viacrucis para las familias.
Hoy en día las familias huilenses estamos pagando la energía más costosa del país, a pesar de que en nuestro territorio tenemos dos centrales hidroeléctricas que producen energía para el sistema eléctrico nacional. El Quimbo y Betania, solo han generado dificultades sociales, económicas y ambientales para el bienestar de los hogares de este territorio.