El decreto prohíbe las exportaciones de carbón colombiano a Israel, bajo el argumento de que este recurso es utilizado para fabricar armas en el contexto de la guerra.
Este martes, el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por congresistas del Centro Democrático en contra del decreto emitido por el presidente Gustavo Petro que prohíbe la exportación de carbón a Israel. La demanda, liderada por el senador Miguel Uribe, busca derogar la norma, argumentando que afecta la economía nacional y fue tomada de manera arbitraria.
El decreto, anunciado por Petro en medio del conflicto entre Israel y Hamás, prohíbe las exportaciones de carbón colombiano a Israel, bajo el argumento de que este recurso es utilizado para fabricar armas en el contexto de la guerra. “Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina”, afirmó el presidente, justificando la medida como una postura política frente al conflicto en Medio Oriente.
Decisión perjudicial
Sin embargo, para Uribe y otros congresistas opositores, la decisión es perjudicial para Colombia y no tiene fundamento jurídico. “La medida está impactando gravemente a los departamentos que dependen del sector carbonífero”, señaló el senador, quien también solicitó al Consejo de Estado que se consideren medidas cautelares para suspender temporalmente el decreto mientras se resuelve el litigio. “Confiamos en que la justicia nos dará la razón y le pondrá un alto a las decisiones autoritarias que está tomando el gobierno de Gustavo Petro en contra de los intereses de los colombianos”, añadió Uribe.
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El Gobierno Nacional, por su parte, ha defendido el decreto, argumentando que se trata de una decisión soberana y política que no afecta de manera significativa la economía del país. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, el impacto económico de la medida es mínimo, ya que las exportaciones de carbón han sido redirigidas hacia otros mercados. “Las regalías provienen de la extracción del carbón, no de su exportación. Por tanto, el desvío hacia nuevos destinos comerciales no afecta los ingresos de los territorios que dependen de estos recursos”, explicó Reyes.
Bonilla, por su parte, reafirmó que la decisión responde a una postura ética y política del gobierno frente al conflicto en Gaza. “Nuestro país no puede apoyar que con el carbón exportado se generen mecanismos que atentan contra el pueblo palestino”, afirmó el ministro.
El Consejo de Estado deberá ahora analizar los argumentos de ambas partes y decidir si la medida tomada por el presidente Petro se ajusta a la legalidad o si debe ser suspendida, como piden los congresistas del Centro Democrático.
Foto 3: El Gobierno Nacional ha defendido el decreto argumentando que se trata de una decisión soberana y política que no afecta de manera significativa la economía del país.
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