Tras la polémica por las peticiones que hizo la presidencia de la República para designar a los futuros voceros de paz, el Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, se puso en medio y abrió debate acerca de la legitimidad de la medida anunciada por el gobierno de Gustavo Petro.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Se puso en marcha la creación de una agencia especial por parte de la Procuraduría General de la Nación, que asumirá la representación en el proceso que se adelanta contra la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá Lilyan Jhohana Bastidas Huertas por las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido al ordenar la libertad de dos jóvenes de la ‘Primera Línea’ y que fueron designados como gestores de paz.
La Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, considera que la jueza coordinador del centro de servicios judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden en ese sentido que le entregue un juez de control de garantías, es por ello por lo que ya se presentó la denuncia y fue radicada ante la Fiscalía y ante la Comisión de Disciplina Judicial.
Según fuentes del caso, el ente de control designó al titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal, para que actúe en todas las etapas del proceso. Así mismo, el Ministerio Público solicitó a varios coordinadores de Centros de Servicios Judiciales ubicados en distintas ciudades, en las que se adelantan procesos concernientes a la primera línea, informar la programación de audiencias que tengan por objetivo responder a las solicitudes de libertad de personas vinculadas, de acuerdo con las peticiones que hace la presidencia de la República para designar a los futuros voceros de paz.
El meollo del asunto
Es importante recordar que el decreto presidencial ordenó levantar o suspender órdenes de captura, no levantar las medidas de aseguramiento impuestas por disposición de un juez en un proceso legal. A la luz de ello, precisamente, hace un par de días, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, afirmó que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de los dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.
Algunas fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que a un primer joven, Santiago Márquez Charris, se le firmó la boleta de libertad en la cárcel de Girón, para que sea el primer integrante de la denominada primera línea en ser designado gestor de paz por parte del Gobierno Nacional. Márquez Charris será designado como uno de los que deberán adelantar un estudio virtual sobre paz. Algunos tenían detención domiciliaria y otros en centros penitenciarios.
No obstante, pese al pronunciamiento del gobierno de Gustavo Petro, el pasado miércoles, un juez de Popayán negó la libertad a Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, dos jóvenes que habían sido escogidos por el Gobierno nacional como gestores de paz. Lo que deja ver la decisión es que los hechos por los que estaban privados de la libertad no se habrían dado en el contexto del paro nacional o protestas, sino en 2022.
Les negaron la libertad
La decisión tomada por este juez, de negarle la libertad a estos jóvenes, se conoce pocas horas que la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunciara que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de otros dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.
Falta ver qué ocurrirá en los próximos días con estas decisiones, ya que, para muchos expertos en política, el tema de los gestores de paz se ha convertido en un asunto más político que otra cosa, puesto que la Procuradora nacional, Margarita Cabello, estaría poniéndose en medio de la decisión gubernamental para dar cuenta del poder que todavía tendría el movimiento político al que ella pertenece y que dejó algunos puestos de poder durante la pasada administración del gobierno de Iván Duque.
