Fernando Guzmán
Las coaliciones interpartidistas para las consultas parecen un escenario más adecuado para lograr acuerdos sobre una agenda política que aquel de las meras listas partidistas al Congreso. Sin embargo, dichas coaliciones surgieron en un contexto de búsqueda de reafirmación de identidad ideológica entre similares, como motivo de competencia. Lo cual, exacerba la polarización y dificulta la necesaria construcción colectiva de una agenda. Tal situación, desde las coaliciones, se expresa en que para Equipo por Colombia la síntesis de su razón es que “no se trata de hablar sino de hacer”, lo cual es la negación del proceso político. Para Centro Esperanza se trata de granjearse la confianza sobre la base de proponer ajustes en sintonía con la economía de mercado global. Y para el Pacto Histórico se trata de realizar cambios a partir de soluciones alternativas.
De otro lado, la mención de los principales problemas de país de que dan cuentas las encuestas -con sus limitaciones- o los estudios e informes de los distintos centros de pensamiento y organismos multilaterales, tiene gran valor para estimular, en medio del debate electoral, el diálogo sobre los problemas, identificar prioridades y avanzar colectivamente en la construcción de una agenda. Lo cual es esencial para orientar la acción de las organizaciones, los partidos y del gobierno.
Sin embargo, acordar colectivamente los problemas socialmente relevantes y sus alternativas de solución que requieren el consenso y la acción de la sociedad y el Estado, pareciera cada vez más difícil de lograr en Colombia. Basta ver las recientes discusiones en torno del informe de la FAO sobre la amenaza de hambruna; o sobre la voraz deforestación en la Amazonía; o sobre el país como uno de los más desiguales en la región; o sobre la grave situación de Derechos Humanos; o sobre el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; para mencionar solo algunos.
Es este sentido, la conformación de la agenda se torna en un escenario de disputas y no de diálogo, caracterizada por una desigual correlación de fuerzas. En donde lo que se considera “importante” termina siendo definido por unos pocos. Por ello, un aspecto relevante de la desacreditada democracia representativa es el papel de los actores políticos en la construcción de una agenda política que tenga agencia en el Congreso.
Pero, las disímiles propuestas que lanzan los numerosos candidatos al Congreso desde distintas orillas resultan difíciles de ubicar en relación con una agenda colectivamente construida. Y su construcción se complica cuando no hay acuerdos sobre los problemas y su naturaleza. Por ejemplo, resolver el problema de la desigualdad, implica concebir que se puede y se debe modificar socialmente una realidad con la que no es dado convivir en democracia. Es el sentido del Estado social de derecho adoptado en la Constitución de 1991.
No obstante, con el auge neoliberal emergen actores políticos y económicos relevantes para quienes no se trata de conflictos sociales por resolver sino de desafíos por atender (J. Habermas-2000). Así, dichos actores tienen serias dificultades para reconocer los problemas o ponerse de acuerdo con otros en una agenda política a partir de los mismos hechos. Pues lo suyo es atender desafíos. Es decir, competir oponiéndose a los otros; manejar situación sin ocuparse de los problemas. En consecuencia, a las propuestas alternativas, propio de la democracia social, se les prefiere desacreditar en vez de pactar.
