Funcionarios, abogados y jueces estarían implicados en apropiación de fondos de salud.
La Procuraduría General de la Nación reveló un grave esquema de corrupción conocido como el ‘Cartel de los Hospitales’, donde funcionarios, abogados y jueces habrían participado en cobros coactivos ilegales dentro de Empresas Sociales del Estado (ESEs), desviando recursos públicos destinados exclusivamente a la salud.
Según el ente de control, la irregularidad comenzó a investigarse en 2023, tras la expedición de la Circular 02, que condujo a la Procuraduría a denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el operador disciplinario. En estos casos, algunos representantes legales de las ESE y jueces de la República habrían ordenado medidas de embargo sobre fondos de la seguridad social en salud, recursos que, de acuerdo con la Constitución y las excepciones señaladas por la Corte Constitucional, son inembargables.
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La investigación, liderada por la Fiscalía y el grupo anticorrupción de la Dijin con apoyo de la Policía, ha identificado prácticas ilegales en la ejecución de procesos de cobro coactivo contra recursos parafiscales. Estos fondos fueron desviados a través de un grupo de abogados que asesoraban a las ESE, recibiendo hasta un 30% de los recursos embargados, pese a que dichos fondos estaban destinados exclusivamente a la salud pública.
El Ministerio Público también alertó sobre la emisión de providencias y actos administrativos de jueces y representantes legales de ESE que permitieron los embargos de cuantiosos recursos administrados por Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), ignorando la prohibición constitucional.
La Superintendencia Financiera de Colombia fue notificada para instruir a sus vigilados sobre estas prácticas. En respuesta, emitió la Circular 052 de 2024, orientando a las entidades financieras para prevenir el uso indebido de recursos destinados a la salud.
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