Al deteriorarse la Rama Judicial Colombia podría enfrentar la anarquía y el caos
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Eso aseguró el director de la Corporación Excelencia por la Justicia, Hernando Herrera ante la propuesta de liberar a los capturados de la primera línea y que sean gestores de paz.
Todo tipo de cuestionamientos, sobre todo en torno a la oposición, ha levantado la idea del presidente Gustavo Petro de liberar a quienes se han capturado como miembros de la primera línea y promoverlos como gestores de paz. La idea no ha sido bien recibida sobre todo por la Rama Judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía General.
El último informe de la Fiscalía General reveló que como responsables de todos los desmanes que se dieron en el marco de la protesta social generada en el 2021 promoviendo ataques contra la fuerza pública se ha logrado capturar 171 quienes tiene delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, violencia contra servidor público, tráfico de drogas, lanzamiento de sustancias peligrosas y daño en bien ajeno, entre muchos otros.
La idea sería entonces que estas personas quedaran en libertad y convertirlas en gestores de paz. En ese sentido, la Rama Judicial, organizaciones y veedurías ciudadanas han catalogado este ejercicio como “intromisión indebida en los procesos judiciales” haciendo énfasis en que se comete un gran error y se pone en tela de juicio la actuación de las Fuerzas Militares.
Por su parte, Hernando Herrera director de la Corporación Excelencia por la Justicia aseguró que “es un total desacierto la decisión de dejar en libertad a estas personas, envía un mensaje negativo a toda la sociedad, afectando así gravemente el respeto a la institucionalidad. Cuando un Estado deja que se deteriore la Rama Judicial está haciendo un llamado a la anarquía y al caos”.
Las víctimas
Mas allá de las consecuencias que hayan socialmente, la decisión afectaría a las víctimas de todos los desmanes que se generaron en el marco de la protesta y han hecho un llamado a la cúpula de la justicia, pero las cortes no se han manifestado. No obstante, el exmagistrado de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, Nilson Pinilla, aseguró que el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución Política y debe ser respetado, sin embargo, no se puede atacar otros como el derecho a la movilización, a trasladarse de un lugar a otro, ir al trabajo o acudir a atender a labores médicas.
La protesta social está contemplada y permitida dentro de la Constitución, sin embargo, lo que debe resaltarse es que, en este caso, se están acusando e investigando a estas personas por delitos que van más allá de la protesta que deben resolver los jueces de control de garantías.
Quienes son los gestores de paz
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
La Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
Según Camilo González Posso, director de Idepaz, los voceros serían de la sociedad civil sin ser integrantes de ningún grupo armado, y son aquellos a los que el gobierno considera que, como integrantes de organizaciones sociales, pueden ayudar al proceso de paz.
El abogado penalista Francisco Bernate calificó la propuesta como “inconveniente e ilegal”. Históricamente, la figura de los gestores de paz se ha aplicado para aquellos integrantes de grupos armados ilegales que cumplen unas características y han sido reconocidos por el Gobierno.
La excarcelación masiva aplica la ley 2272 de 2020, conocida como la búsqueda de convivencia y paz, que le permite al presidente pedir las libertades de las personas a las que él considere.
Por esta línea, hay quienes están a favor de esta iniciativa y han manifestado que “bienvenidas las segundas oportunidades”.
Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, celebró el anuncio de la libertad de los jóvenes de la primera línea. “Se corrige una injusticia social, pues se detuvieron a personas que estaban manifestando su derecho a la protesta”.
