Yadnolver Correa, mandatario de Íquira, buscaba que el municipio realizara una compra millonaria de una porción de un predio, que meses antes un particular había comprado a precio de ‘huevo’.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
A cuatro meses de salir de la alcaldía de Íquira, Yadnolver Correa Tamayo, -mandatario de este pueblo- tenía la firme intención de comprar un terreno de seis hectáreas, ubicado a 3,3 kilómetros del casco urbano de esta localidad, para que vivieran personas que están en zona de alto riesgo.
La hazaña administrativa la presentó dos veces a consideración del Concejo Municipal y las dos veces se hundió, entre otras cosas, por razones de sentido común.
La histórica propuesta materializada en el Proyecto de Acuerdo 07 de 2023, contaba con un título políticamente correcto, pero administrativamente inviable: “Por medio del cual se concede una autorización al alcalde municipal de Íquira (H) para comprar un (1) predio rural, para reubicar las familias afectadas por la ola invernal el 27 de febrero de 2022”.
El proyecto lo presentó Correa Tamayo en calidad de mandatario. Según el concejal Hernando Rivera, en mayo pasado se analizó la primera iniciativa, pero por razones técnicas se archivó de manera inmediata. La segunda se le dio trámite en el mes de agosto y no pasó la primera prueba en la Comisión de Presupuesto. Allí sólo el concejal Jaime Humberto Toro Vallejo (actual candidato a la alcaldía) fue el único en votarla a favor.
¿Cuál era su interés? En diálogo con este medio Toro Vallejo afirmó que técnicamente las razones de su ponencia a favor estaban en el acta que no tenía a la mano, sin embargo, aseguró que su único interés era que se reubicaran los afectados del centro poblado de Valencia de la Paz (caserío ubicado a 8 kilómetros del Íquira).
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“La razón fundamental es que desde 2016 existe un acta desde la Alcaldía de Alberto Yustres, donde ordenaba trasladar urgentemente a esta comunidad que estaba en este asentamiento de alto riesgo, hubo una catástrofe ahí. Mi argumento fundamental era el respaldo a las personas que estaban en alto riesgo, ya que hablen de precios, yo no tengo nada que ver pues yo velo por el derecho fundamental a la vida”, indicó Toro Vallejo.
¿Negligencia del alcalde?
Sin embargo, este punto de vista contrasta con la percepción del concejal Hernando Rivera, quien asegura que tras un derrumbe ocurrido en febrero del año pasado, y donde murió un menor de edad, se declaró la calamidad pública. En el marco de este evento administrativo había podido comprar de manera inmediata e incluso en otro lado.
“Lo que sí le puedo decir es que en el año 2022 el alcalde, a raíz de la ola invernal se reunieron todos los entes de emergencia en el marco de la calamidad pública, el alcalde tiene la facultad de comprar un predio y si no se lo venden puede expropiarlo. Es que estaba en el evento como tal y ahí se debía actuar. En ese momento FonviHuila propone que les va a regalar 52 viviendas a todo costo a las personas que sufrieron la calamidad, pero con la condición de que el alcalde pusiera un lote o un predio, para ello construir las viviendas. El alcalde les tomó del pelo todo el año anterior. Lo primero fue que les solicitó una prórroga de unos tres meses. FonviHuila tenía priorizado a Íquira para hacer ese proyecto, era una de las prioridades hacer ese proyecto, pero por negligencia del señor alcalde, que eso sí lo puedo yo decir eso no se pudo llevar a cabo entonces se planteó la compra de un predio mucho tiempo después de la declaratoria de la calamidad pública y se hace hoy en día en el 2023. Se lleva un proyecto con muchas irregularidades para beneficiar a unas personas a las cuales no podía beneficiar con la compra del proyecto porque no cumplía con la normativa de acuerdo con el esquema de ordenamiento. ¿Qué pasó? Se perdieron los fondos de FonviHuila para las 52 viviendas y lógicamente estas personas siguen estando en zonas de alto riesgo y desplazadas. Eso sí lo pudo yo constatar, se perdió el desarrollo de un municipio por negligencia”, dijo Rivera.
DIARIO DEL HUILA llamó al alcalde municipal, Yadnolver Correa, pero no atendió nuestra llamada. El propósito era que explicara el trámite que adelantó para la consecución de estas viviendas.
La Luisa, el costoso predio que no fue
Luego de un año del fatídico derrumbe del 22 de febrero de 2022 en Valencia de la Paz, el alcalde puso el ojo en un predio ubicado a 3,3, kilómetros del casco urbano de Íquira, y a 4,7 kilómetros de Valencia de la Paz, es decir, las familias de escasos recursos que llegaran a vivir allí estaban destinadas al aislamiento, o a comprar vehículos para movilizarse a uno de los dos cascos urbanos.
Por otro lado, lo curioso de este negocio que ya se ha evitado dos veces-pese a la insistencia del alcalde-, es que las seis hectáreas las pretendían comprar por el valor de $600 millones, basados en un peritaje realizado por el arquitecto evaluador Jairo García Ramírez, quien determinó que el valor por hectárea era de $100 millones.
Sin embargo, el 6 de mayo de este año el tesorero del municipio acreditó un avalúo de esta finca, supuestamente de 20 hectáreas, por un valor de $32 millones. Dato que contrasta con la escritura pública donde se señalan 33 hectáreas. Es decir, no hay una identificación cierta del predio.
De otra manera, el 8 de mayo de este año Leonel Trujillo Trujillo, le vendió esta finca de 33 hectáreas por un valor de $40 millones a Wilson Ocampo Trujillo, que se encuentra ubicada en la vereda Potreritos. De ella se pretendía desenglobar 6 hectáreas y venderlas por $600 millones.
Los peros de este interesante negocio
Para el concejal Rivera esta compra era inviable ya que el Esquema de Ordenamiento de Íquira no tiene expansión urbana lo que imposibilitaba de entrada la compra.
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“El proyecto no paso por no cumplir con los parámetros establecidos en el comité de riesgos. Entonces se perdieron los fondos de FonviHuila que era para 52 viviendas. Eso se pudo haber hecho el año pasado. Él había podido comprar predios más cercanos, había podido comprar o expropiarlos o vamos a hacer cualquier cosa. Ahora incluso había podido coger los predios de Raúl Perdomo. Esos predios son del Estado. Es que no se puede comprar un lote donde no hay servicios, donde no hay un esquema para botar las aguas residuales, donde el terreno no alcanza para vías, zona de recreación, etc. Es que hacer una urbanización no es hacer por hacerla”, señaló el concejal Hernando.
