La Procuraduría hizo un llamado especial a los departamentos y municipios que se encuentran en estado de Calamidad Pública o situación de emergencia en el país.
La Procuraduría General de la Nación emitió un recordatorio a los gobernadores, alcaldes distritales y municipales sobre la necesidad de realizar una vigilancia preventiva en la Gestión del Riesgo de Desastres en eventos y festividades que involucren aglomeración de público y/o el uso de animales en actividades de entretenimiento.
El ente de control hizo un llamado a tomar medidas de prevención y preparación, especialmente en relación a las celebraciones que se llevarán a cabo a partir de este mes y durante el resto del año. Se enfatizó en prestar especial atención a los departamentos y municipios que se encuentran en estado de Calamidad Pública o situación de emergencia en el país.
Le puede interesar: Cartel de la toga: destituido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia
«Instamos a los mandatarios locales a tomar las medidas y decisiones necesarias para proteger la vida y los bienes de los habitantes de sus jurisdicciones, teniendo en cuenta la actual coyuntura de Desastre Nacional», expresó la Procuraduría.
El órgano de control recordó a las autoridades nacionales, departamentales y locales que son responsables directos de la implementación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE). Además, deben verificar los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) que deben ser implementados por las empresas organizadoras de eventos masivos que involucren aglomeración de público y actividades de entretenimiento con uso de animales, siguiendo los lineamientos establecidos en la Circular 007 del 06 de diciembre de 2022.
La Procuraduría reiteró que su función es generar advertencias en ejercicio de la vigilancia preventiva, como mecanismo de anticipación a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública. Aclaró que su labor no implica coerción ni coadministración, sino una acción orientada a salvaguardar el bienestar de los ciudadanos.
