Un complejo panorama afecta el aprendizaje de los niños y jóvenes de algunas zonas del departamento del Huila, debido a enfrentamientos armados entre uniformados y grupos de Disidencias, causando que los padres de los menores no envíen a sus hijos a los centros de enseñanza por temor. Ya ocurrió esta situación, el pasado 3 de agosto del año en curso en el municipio de Nátaga.
Otro de los municipios afectados por las dinámicas de la violencia, es Suaza, donde hace aproximadamente una semana, llegaron citaciones a una institución educativa ubicada en la zona rural, en las cuales se informaba que la comunidad, debía asistir a una reunión, la cual sería organizada por un grupo armado, lo anterior generó bastante tensión en la comunidad educativa.
¡Ojo a la advertencia!
En este sentido, un vocero de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih), manifestó: “la preocupación la hemos llamado alerta, y vamos a fortalecerla en el transcurso de los días. Nos preocupa la población del municipio de Nátaga, donde hay deserción”.
“Y algunas comunidades han manifestado que los grupos armados, se encuentran cerca de las instituciones o transitan próximos a ellas, por lo anterior esperamos se respete a la población educativa y no la involucren. Porque la escuela es donde el profesor crea los sueños, da a conocer los saberes para construir un país mejor”, enfatizó el funcionario.
Además, se pide que los ‘actores’, no generen miedo a los niños, ni los coloquen en riesgo, por su presencia cerca de las aulas.
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Enseñanza vs violencia
En este orden de ideas, se conoció que algunos disidentes, realizan citaciones cerca de las instituciones educativas o transitan cerca de ellas, generando riesgo para los niños y jóvenes, de llegar a presentarse un enfrentamiento con unidades de la Fuerza Pública.
En este momento desde la oficina de Derechos Humanos de la Adih, se encuentran estructurando un documento, relacionado con las afectaciones al aprendizaje, producto de los actores armados.
“Estamos dando a conocer esta alerta temprana, es lo que estamos avisando. Hay temor de los padres en dejar que sus hijos asistan a clases por miedo a la violencia”, señaló el vocero.
Enfrentamientos armados y miedo
Y es que el pasado 3 de agosto de 2024, en el municipio de Nátaga, según versiones de la comunidad, se presentaron hechos relacionados con hostigamientos a la Fuerza Pública con drones, los cuales fueron repelidos por la Policía, situación que conllevo a repuesta con disparos desde la parte alta de la localidad por actores armados desconocidos.
La anterior situación trajo consigo una sensación de zozobra en la población civil, por una posible incursión de grupos al margen de la Ley. Ya en la noche del domingo 4 de agosto, cerca de las 8:00 pm, se presentó una falla eléctrica que dejó sin el servicio al Municipio, lo cual elevo a un más los temores, obligando a un confinamiento voluntario y total.
Desde el día lunes 5 de agosto, muchos padres de familia no han enviado a sus hijos a varias instituciones educativas en el municipio, al no sentir las condiciones de seguridad para que sus hijos, puedan continuar con sus respectivas clases.
Y desde la fecha en mención, en el corredor vial del corregimiento de Itaibe, Páez
(Cauca) y Puerto Dulce (Huila), que se encuentran en inmediaciones de los municipios de Nátaga, Paicol y La Plata, se ha evidenciado la presencia de integrantes de grupos ilegales fuertemente armados, según denuncia realizada por la senadora Aida Quilcue, quien aseguró también que se detonó un artefacto explosivo en este sector.
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¡Que respeten las aulas!
Por otra parte, en el municipio de Suaza, hace aproximadamente una semana, llegaron citaciones a una institución educativa, ubicada en zona rural, en las cuales se informaba que la comunidad debía asistir a una reunión la cual, sería organizada por un grupo armado de la zona, lo anterior causó bastante tensión en la comunidad educativa.
Y el mismo día llegaron advertencias, las cuales no están especificadas, donde indicaban, la no presencia de los estudiantes en las calles, por lo tanto a los docentes les tocó comunicarse con los padres de familia, vía WhatsApp para que pasaran a recoger a sus hijos en medio de la jornada académica. Los educadores por diversas razones no podían informar las razones por las cuales se estaba solicitando a los acudientes que pasaran de manera urgente por los educandos, lo cual generó más incertidumbre y miedo.
Las extorsiones
Y en cuanto a las extorsiones a docentes, desde el gremio indicaron que “es preocupante la situación, porque tenemos conocimiento por parte de los maestros que nos han comunicado estas situaciones”.
Además, hasta el momento, se desconoce qué organización al margen de la ley, estaría detrás de las exigencias económicas, dirigidas a los profesionales de la enseñanza.
“Se presenta una situación sobre todo de extorsión que también es un elemento que se presta, por la zozobra que se genera a nivel de orden público, para que inescrupulosos o delincuencia común traten de aprovecharse de la situación existente, para asediar a los docentes”, agregó Jefferson Pacheco, directivo Adih.
Ya en cuanto a las estructuras que delinquen en el Huila y se financian con los dineros de la extorsión son: la ‘Ismael Díaz, ‘Darío Gutiérrez’, ‘Rodrigo Cadete’ e ‘Ismael Ruiz’.
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Las peticiones a los actores
1. Ya en lo relacionado a las demandas, la Adih, indicó en un documento: A las administraciones municipales de Nátaga y Suaza, a la Gobernación del Huila y al Gobierno Nacional, brindar las garantías plenas para que los niños, niñas y adolescentes en el municipio puedan continuar vinculados en el sistema educativo, sin que estén expuestos en su integridad física, mental o psicológica. Solicitamos se evalúen las condiciones para continuar procesos educativos en casa hasta que la situación de orden público favorezca mejores condiciones para el desarrollo de los procesos educativos.
2. A las administraciones municipales de Nátaga y Suaza, Gobernación del Huila, Fuerza Pública y Ejército, realizar la evaluación de la situación por medio de los Puestos de Mando Unificados ampliados, donde se garantice la participación de la comunidad representados en presidentes de las Juntas de Acción Local, maestros, directivos docentes, entre otros.
3. A la Defensoría del Pueblo Departamental y a la Personería municipal, para que se brinde el debido acompañamiento a todos los integrantes de las comunidades educativas afectadas en este momento en los municipios ya mencionados, producto de la situación de orden público.
4. A todos los actores en conflicto el respeto por la vida como máximo derecho del cual se desprenden las demás garantías humanas, de igual manera, exigimos que la escuela sea reconocida como territorio de paz pues indiscutiblemente en las aulas de clase se construyen nuevos saberes, pero también se forma el presente y el futuro de las nuevas generaciones quienes sueñan con un país que no esté sumergido en el llanto y el dolor de una guerra despiadada, que hasta el momento ha costado la vida de tantos hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes.
