Tras la negativa de la ponencia en la comisión, el Ministerio de Hacienda presentó un documento que respaldaba la financiación de los recursos necesarios para implementar la reforma de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha lanzado una advertencia sobre los posibles problemas fiscales que esta reforma podría acarrear.
«A pesar de las proyecciones presentadas por el Ministerio de Hacienda, estas no representan un aval fiscal completo, ya que quedan rubros por estimar y se necesita un recorte y redistribución del gasto», señaló Anif en un comunicado. Según la asociación, la reforma a la salud generaría un hueco fiscal de más de $15 billones en los próximos nueve años, lo que podría comprometer otros sectores debido a la rigidez del gasto.
Anif advierte que la propuesta de reforma no cuenta con el respaldo fiscal necesario y sugiere que se deben recortar gastos en otros rubros para financiar los costos referidos. Además, destaca que la situación del sistema de salud podría agravarse con esta reforma, ya que se corre el riesgo de que no se cubran las necesidades financieras a mediano y largo plazo, lo que podría llevar a una mayor escasez de medicamentos y una disminución en la cobertura de salud.
Según las estimaciones de Anif, para el año 2024, la necesidad de recursos ascendería a $44,6 billones, mientras que el presupuesto general de la nación solo contempla $35,3 billones para el aseguramiento en salud, dejando un déficit de aproximadamente $9,3 billones. Esto representa un problema significativo, especialmente considerando el aumento de la demanda de servicios de salud después de la pandemia y el cambio demográfico.
Además, Anif destaca que los primeros tres años de implementación de la reforma podrían enfrentar un déficit de $6,3 billones, lo que podría desencadenar una crisis financiera en el sector de la salud si el proyecto de ley es aprobado en su forma actual.
Ante estas consideraciones, la propuesta de reforma a la salud de Petro enfrenta un escrutinio más detenido, con la necesidad de abordar las preocupaciones financieras planteadas por Anif antes de proceder con su implementación.
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