La Procuraduría hizo un requerimiento al Ministro de Salud Guillermo Jaramillo, a tomar medidas inmediatas y efectivas para asegurar la disponibilidad de medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad crónica hepatitis C.
Esta decisión se produce en respuesta a la preocupante escasez de medicamentos que ha afectado a los pacientes que padecen esta enfermedad de alto costo en Colombia.
El Ministerio Público también ha solicitado a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que continúe con los procedimientos de compra directa del medicamento EPCLUSA, el cual es vital para el tratamiento de la hepatitis C. ADRES había sido previamente objeto de requerimientos por parte de la Procuraduría en relación con este asunto, y se espera que informe sobre las medidas correctivas que ha implementado.
A pesar de que la ley establece que el Ministerio de Salud y Protección Social debe adquirir productos farmacéuticos a través del sistema de «compra centralizada«, las demoras en los trámites han generado una seria amenaza para la salud de los ciudadanos que sufren de esta enfermedad crónica.
Le puede interesar: España pionero en eliminación de hepatitis C
Un informe recibido por la Procuraduría revela una escasez en el suministro del medicamento a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante el año 2023. Esta situación ha impedido el inicio oportuno de tratamientos para cientos de personas que luchan contra esta enfermedad.
La Procuraduría subraya que la gestión farmacéutica con optimización de costos es una responsabilidad del Ministro de Salud y Protección Social. Aunque las negociaciones de precios y las estrategias comerciales son parte de este proceso, no pueden ser excusa para el incumplimiento en la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Además de estas acciones inmediatas, la entidad está llevando a cabo acciones disciplinarias para investigar el desabastecimiento en el país de este y otros medicamentos esenciales.
Puede leer: Gobierno busca reformar competencias de Procuraduría y Contraloría
