La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana (AT) 022 de 2024, advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de Neiva y los municipios de Tello, Baraya y Colombia, ubicados en el nororiente del departamento del Huila.
La alerta se fundamenta en la presencia e injerencia de facciones disidentes de las Farc, lideradas por alias ‘Calarcá‘, y de grupos de delincuencia común en estas áreas, tanto urbanas como rurales.
Las comunidades afectadas, predominantemente campesinas y mestizas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a los derechos fundamentales como la vida, libertad, integridad y seguridad. La Alerta Temprana destaca que lideresas y líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz, servidores públicos, y menores de edad y jóvenes (en riesgo de reclutamiento forzado) son los principales blancos de estos grupos armados.
La Defensoría del Pueblo ha instado a las entidades gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, a implementar de manera urgente medidas de prevención, disuasión y atención para evitar que se materialicen las amenazas identificadas. El documento, con un enfoque humanitario y de seguridad, resalta la importancia estratégica de la región alertada debido a su conexión con las regiones Andina, Amazonía y Orinoquía. Estas vías facilitan el movimiento de materiales de guerra y productos destinados a fortalecer economías ilícitas, así como el tránsito de miembros de los grupos armados.
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Para contrarrestar estas actividades ilegales, como la extorsión y el tráfico de armas, la Alerta Temprana subraya la necesidad de que las fuerzas de seguridad del Estado aumenten su presencia en las áreas afectadas, a través de la vigilancia y el control de los corredores utilizados por los grupos armados.
La AT 022 de 2024 contiene 22 recomendaciones dirigidas a diversas entidades estatales, incluyendo los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación del Huila, las alcaldías de Neiva, Tello, Baraya y Colombia, el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), y la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.
Entre las medidas propuestas, la Defensoría del Pueblo enfatiza la revisión y ajuste de las rutas de atención para víctimas de extorsión, tanto en zonas urbanas como rurales, y la implementación de campañas de divulgación y promoción de la denuncia. Asimismo, llama a las autoridades a gestionar de manera integral y oportuna el riesgo que enfrentan estas comunidades.
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