Desde que se posesionó el primer mandatario de los colombianos, se empezaron a presentar en algunas regiones del país, un panorama del orden público bastante alterado, que producto de la laxitud del gobierno nacional, empezaron a ampliar su cobertura criminal, sin que el accionar gubernamental contrarrestara este desbordamiento que tiene en jaque la institucionalidad en varios departamentos. Después de cinco lustros, la sociedad huilense vuelve a ser espectadora con la presencia de las organizaciones narcoterroristas en las zonas rurales y en algunas áreas urbanas de las localidades. Inclusive en algunos poblados y municipios se pavonean libremente con la mirada atónita de sus habitantes, porque las autoridades militares no pueden ejercer control por la orden presidencial de adelantar acciones contra éstos, por la suspensión transitoria del accionar militar por el cese de fuego que ha decretado el gobierno del cambio. Lo que se ha venido presentando en los municipios de Gigante y Garzón, es el mismo panorama que ocurre en la mayoría de las localidades huilenses.
Estas organizaciones criminales, han aumentado su presión extorsionista a los campesinos, comerciantes, docentes, empresarios y a todos los actores que desarrollen alguna actividad económica. Es impresionante que, desde un vendedor ambulante, hasta un empresario les están exigiendo el pago de vacunas. Por este motivo, la voz de alerta que han lanzado la Defensoría del Pueblo y las autoridades regionales no es nada nuevo para la población que reside en estos territorios. Además, los eventos terroristas que se han presentado hasta la fecha demuestran la presión narcoterrorista de estas organizaciones subversivas. Desde esta tribuna de opinión, lo hemos venido planteando. La sociedad huilense, se encuentra bastante preocupado, porque no se percibe el apoyo de las instancias nacionales para atender el clamor de las fuerzas vivas de la región, lideradas por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, ante la arremetida criminal de estas organizaciones.
Igualmente, transitar por las vías en el departamento en horas nocturnas, se ha convertido en una osadía para los conductores, motociclistas y sus acompañantes, porque no se sienten seguros por el acoso permanente de las organizaciones criminales, que se han venido consolidando, por la falta de la implementación de una política nacional férrea para contrarrestar todo accionar violento de las estructuras delincuenciales, que viven al acecho para atracar y hurtar los bienes materiales. El hurto de motos, camperos cuatro por cuatro, celulares y billeteras, entre otros, se han convertido en el foco de los bienes materiales que persiguen estos depravados criminales. Por este motivo, destacamos el accionar últimamente de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, que han venido desarrollando retenes y una vigilancia en las vías urbanas y rurales. Excelente estrategia gubernamental. No hay que bajar la guardia.
