Desde que asumió la presidencia Gustavo Petro Urrego, su accionar gubernamental ha estado enfocado a incrementar la estructura tributaria con el fin de fortalecer los ingresos tributarios que le permitan financiar el plan de inversiones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, el cual generó grandes expectativas de las familias colombianas, quienes esperan que se les satisfagan todas las demandas sociales para mejorar su bienestar general. Pero transcurridos 15 meses de su mandato, se han dado cuenta que éste se encuentran totalmente desfinanciado por las decisiones que tomó el equipo económico del alto gobierno, al cambiar totalmente la tradición histórica que se ha mantenido desde gobiernos anteriores, como es la participación del sector privado que tuvo un 50% de los ingresos en el Plan Nacional de Desarrollo del anterior presidente Duque, que representaron 576 billones de pesos, cifra nada despreciable para tal efecto.
Pero el actual gobierno, rechazo de tajo, toda injerencia del sector privado, como lo tiene establecido en las Petro Reformas que se están discutiendo en el legislativo. Algo absurdo. Por eso las afugias del ministro de Hacienda. No pudo romper la regla para adquirir nuevos créditos. Todos los indicadores económicos de las actividades económicas sectoriales de la estructura productiva del país, durante el primer año, presentan cifras negativas de crecimiento, lo cual significa que las organizaciones empresariales van a tributar menos. El consumo de los hogares se está reduciendo, El aumento de los subsidios para atender algunas demandas de la población, han sido declaradas inconstitucionales y otras, no tuvieron en cuenta los contratos de concesión que se tienen en el largo plazo como los peajes. Igual sucede con la disminución del Soat para motociclistas y vehículos de servicio público. Y menos con las tarifas de los servicios públicos.
Ha sido un total fracaso y se demuestra la improvisación. Por este motivo, se busca aumentar el impuesto predial a través del proyecto de Ley que radicó en el Congreso de la República el viernes anterior, que busca incrementar este gravamen entre el 50% y 300% a los inmuebles urbanos y rurales. Inmediatamente ha sido rechazado de plano por todos los gremios económicos del país, por lo lesivo para la economía colombiana. Esta iniciativa afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial. Es un golpe fuerte al bolsillo de los colombianos.
Actualmente existe una inequidad en el cobro de este impuesto en los predios rurales, donde se han construido casas campestres, que pagan unos montos mínimos a los municipios. Hay necesidad de reglamentarlo.
