En el país, durante los últimos días se han venido conociendo las quejas de miles de ciudadanos debido al incremento excesivo en los recibos de los servicios públicos domiciliarios en tiempos de la pandemia del Covid-19. Los reclamos que provienen de distintas partes del país se concentran en el incremento en los costos del servicio de energía eléctrica y de acueducto. En Neiva y otras ciudades del país, se han acercado a estas empresas que han desbordado los incrementos de estos servicios esenciales para mantener el mínimo vital, donde los usuarios han revelado copias de sus recibos que confirman que, en los últimos meses, han existido incrementos excesivos en el costo de los servicios, que superan el Incremento del Índice de Precios al Consumidor, del año anterior (IPC).
Antes de la pandemia y durante la pandemia, las familias colombianas, han estado sufriendo de estos excesivos cobros, que se traducen en un mayor empobrecimiento de los sectores más vulnerables del país. Con la anuencia del gobierno nacional, se ha venido presentando estos incrementos exagerados, los cuales ha servido para sortear los costos de la ineficiencia e ineficacia en la prestación de los servicios públicos en la mayoría de los municipios del país.
Especialmente durante los confinamientos decretados por las autoridades gubernamentales, el crecimiento del consumo de estos servicios, reflejan también el incremento en la facturación, que han provocado reacciones y movilizaciones populares, en algunas localidades. Igualmente, la cofinanciación de estas facturaciones, han dejado comprometidos los bajos ingresos de los sectores más vulnerables del país.
Es indispensable que el gobierno nacional, a través de las Comisiones Reguladoras de estos servicios, deben vigilar estrictamente estos aumentos desbordados. No podemos seguir siendo sujetos de estos abusos de las empresas prestadoras de servicios. En medio de la profunda crisis social y económica, en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, es injusto que se mantengan estos excesos. El palo no está para cucharas, decían los abuelos. Por este motivo, el Estado debe ser consecuente con la situación crítica en que se encuentra sumergida las familias.
Con base a esta crisis, el gobierno lanzó un plan de mitigación del impacto que quedó plasmado a través de la expedición de decretos y resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para suspender y congelar cualquier aumento tarifario que se iba a dar, no solamente por la entrada de las nuevas metodologías de distribución, sino en cualquier componente de la factura.
