Por: Amadeo González Triviño
Ha sido interesante la forma como los medios de comunicación que no son afines al gobierno nacional y que están dedicados a cuestionar todas sus decisiones, se hayan ocupado en forma tan cerrada a darle difusión a las movilizaciones populares que fueron concitadas en su momento por la necesidad y la exigibilidad del cumplimiento de una labor electoral propia de la Corte Suprema de Justicia, como lo es el hecho, no de administrar justicia, sino la de ser electora de una de las figuras creadas por la Constitución del 91, la de Fiscal General de la Nación.
Que la población, por sí sola o a sugerencia de sus gobernantes demande la práctica de una labor constitucionalmente consagrada en sus funciones, no es un despropósito, sino un mecanismo normal que desdice antes que de las comunidades, de una desidia y un abandono de las funciones propias del cargo, cuando se trata de contribuir en la estabilidad y en la funcionalidad del Estado de Derecho, al haber conocido con más de cuatro meses de anterioridad, la terna presentada por el nominador, en este caso, el señor Presidente de Colombia.
Y ha sido la misma Corte y todos los grupos de derecha, aunados al periodismo y algunas voces de la oposición, quienes se han encargado de darle una dimensión diferente a los acontecimientos, y de generar una especie de “disculpa” o un “termino de sagacidad” para obviar un deber y una obligación constitucional, como lo es la de designar a ese funcionario que ha de encargarse de aplicar los derroteros de la política criminal que nos rigen, así ésta sea precaria y esté arropada en gran magnitud por la impunidad y la ausencia de mecanismos y de medios de efectividad ante la creciente ola de criminalidad que nos acosa.
Y tiene razón ahora más que nunca la Corte para negarse a una pronta y oportuna solución a esta interinidad funcional de la Fiscalía, y de seguro que con una terna como la propuesta, donde no se avizora el clientelismo político o una personalidad que haya estado vinculada con dicha práctica, difícilmente se podrá obtener una mayoría cualificada como la requerida para su adopción y es casi que patético el argumento de que son tan bien calificadas las ternadas que es imposible ponerse de acuerdo con una de ellas, ya que todas son prenda de garantía para ejercer el cargo y es mejor no designar a ninguna de ellas por secula seculorum.
Por lo tanto, hemos de sentirnos satisfechos con una terna tan distinguida y de gente tan honesta, que por esos méritos y esos logros y esa ponderación tan exigente para el cargo, ninguna alcance después de muchas votaciones que han de perpetuarse en el tiempo, los 16 votos requeridos para su elección, como estatutariamente lo ha adoptado la misma Corte Suprema de Justicia, y como de seguro hemos de tener que seguir viviendo en estos próximos meses tal interinidad que nada bueno nos promete o nos presenta ante la opinión pública y ante quienes demandan una pronta y cumplida administración de Justicia, desde la Fiscalía General de la Nación.
Que es fundamental que haya un cargo en propiedad es una realidad, porque es la única forma de encontrar las luces para un programa de gobierno judicial en la investigación criminal, que se corresponda con un objetivo mínimo como el requerido, bajar las tasas de impunidad, reducir la brecha entre la forma como se silencian los delitos de corrupción y por el contrario destrabar mas de cincuenta mil casos que hoy permanecen inactivos y sin una esperanza de luz en la solución de todos estos delitos que fueron conocidos como delitos de cuello blanco y que siguen orondos burlándose de los criterios de equidad, justicia e igualdad, como se corresponde en quien ostenta y direcciona la política criminal en Colombia.
Mientras tanto, vivamos del amarillismo de la prensa y sigamos sin Fiscal en los próximos meses, hasta cuando se cambie la terna o el gobierno mismo, como es el sueño de todos los opositores a una política social justa y de cambio institucional.
