Las marchas programadas por el Comité Nacional de Paro, en su gran mayoría transcurrieron en completa normalidad y civismo, en las diferentes ciudades del país. Pero algunos desadaptados sociales y vándalos rompieron, la paz y la tranquilidad en estos municipios donde se generaron alteraciones de orden público y enfrentamientos con la Fuerza Pública. En el caso específico, la capital del departamento del Huila, se presentó la quema de una buseta del servicio urbano de transporte, y de un ataque terrorista al CAI del Barrio de Santa Inés. No es posible que estas expresiones de actos terroristas desdibujen los objetivos de las protestas sociales y que se siga afectando la dinámica productiva en las regiones.
No se pueden permitir estas acciones irracionales y demenciales. El Huila se encuentra totalmente bloqueado por más de una docena de taponamientos en las vías, que están impidiendo la libre circulación de bienes y servicios, afectando seriamente la dinámica económica de las familias huilenses. A pesar del corredor humanitario que se estableció, durante las últimas 24 horas, la población tuvo un leve respiro para atender sus demandas sociales.
En otras regiones del país, no cesan las protestas sociales. Los manifestantes y otros actores armados tienen bloqueadas algunos sitios estratégicos del territorio, que impiden la normal circulación vehicular. Además, algunos municipios presentan taponamientos en sus vías de acceso, impidiendo el abastecimiento de alimentos, bienes y servicios esenciales para el normal funcionamiento de la dinámica productiva del país. La escasez y especulación de víveres saltan a la vista.
Las alteraciones del orden público se han venido controlando por parte de la Fuerza Pública. La alta tensión social que se ha estallado en todo el país, desde que se generó cuando se presentó a consideración del Congreso de la República de ese esperpento de reforma tributaria, se ha convertido en un polvorín cada vez que suceden estas marchas pacíficas. Inclusive están siendo aprovechadas por organizaciones delincuenciales que taponan las vías para cobrar peajes ilegales y por la noche están disfrutando de sus fechorías en sitios de diversión, sin que existan los suficientes controles.
Es indispensable que el Presidente Duque no solo atienda personalmente con su equipo de trabajo, la problemática que está viviendo Cali. Debe venir al Huila y a los demás departamentos del surcolombiano, para que verifique la situación desesperante que están viviendo las familias de esta región. Es un panorama crítico y merece tener una prioridad de las instancias nacionales. Consideramos que todos los 8 parlamentarios huilenses junto a sus homólogos de los departamentos vecinos deben romper su silencio frente a estas grandes problemáticas que aquejan a estas comunidades. Lo que aquí sucede obliga a que el jefe de Estado se ponga al frente de la situación.
