Anatolio Hernández Lozano era desconocido, hasta hace cinco días, para la mayoría de colombianos pese a ser congresista desde 2018. El viernes pasado su nombre llegó incluso a ser tendencia cuando se publicó un video de la votación que se adelantaba en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Hernández fue llamado a lista varias veces hasta que por fin apareció. Sin embargo, no se dio cuenta que su micrófono estaba abierto. Bastante preocupado y ansioso le preguntó a sus compañeros de bancada “cómo estaban votando” la modificación a la Ley de Garantías. “Vota sí, Anatolio Hernández vota sí”.
Su nombre estuvo en boca de la polémica que se armó por los mensajes que recibió de sus compañeros del Partido de ‘La U’ al que pertenece y de, presuntamente, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, para que votara “sí” al proyecto.
Pese a ser desconocido, contra el representante a la Cámara por el Guainía cursa una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado por “indebida destinación de recursos públicos”. La acción judicial fue radicada por Raúl Emilson López Cruz quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, quien señala que en febrero de 2019 el congresista del Partido de ‘La U’ lo vinculó en un cargo de libre nombramiento y remoción “como asesor dentro de su unidad de trámite legislativo”.
“Durante el desempeño de su cargo –agrega-, ni el congresista ni ninguna otra persona le informó las funciones que debía realizar ni el lugar donde éstas se ejecutarían, razón por la cual mientras estuvo vinculado al Congreso no ejerció labor alguna, a pesar de lo cual el señor Hernández le autorizaba el pago de su salario”.
En mayo de 2019, sin embargo, el congresista le exigió que a cambio de su nombramiento le entregara una suma cercana al millón de pesos mensuales, cifra que el entonces asesor le entregó. Ocho meses después, es decir en enero de 2020, fue declarado insubsistente. El demandante señala que con su actuar el congresista vulneró el numeral 4 del artículo 183 Superior al indicar que “no solo permitió que se le pagara su salario pese a no realizar labor alguna” sino que además le “exigió una contraprestación mensual”.
El pasado 30 de agosto el despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales adelantó la audiencia de pérdida de investidura en contra del congresista. En la diligencia se escucharon las declaraciones del representante del demandante, la defensa del demandado y el delegado de la Procuraduría General.
El expediente completo se encuentra desde el 2 de septiembre en el despacho del magistrado quien deberá definir, tras estudiar los conceptos, si avala o no la solicitud de pérdida de investidura contra el congresista.
