Indudablemente que la corrupción en Colombia continua en el primer lugar del ranquin vergonzoso de la impunidad protegida por la ley 1312 de 2.009 mediante la cual se reformo la ley 906 que le dio fundamento a la política del Principio de Oportunidad con la cual la fiscalía general de la Nación y muchos jueces de la republica pueden acudir a ella para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución de un delincuente, no obstante, existan pruebas concluyentes para adelantar su detención. A todo ese galimatías jurídico se llegó en el congreso para modificar la política criminal en Colombia. Se supone que la están aplicando en nuestro país para aquellos delitos cuyas penas no excedan de 6 años, siempre y cuando haya existido reparación de las víctimas, pero, infortunadamente su empleo desbordo los términos de su destino y la utilizan para todos los pillos que termina aceptando sus culpas y deciden colaborar con la justicia mediante el sapeo de sus cómplices. Como mal ejemplo de su manejo lo vemos en la JEP en donde el principio de oportunidad lo han usado sin tener en cuenta que los principales cabecillas de las farc aún no han reparado a las víctimas. Las leyes vigentes para la JEP no existen. Ellos solamente aplican las que les interesan. Esa norma, de principio de oportunidad, ha dado para todo, lo hemos visto, repito, en el caso de la justicia transicional de paz, en donde criminales señalados de delitos, incluso de lesa humanidad, andan sueltos y se les ve a diario por los corredores del congreso, como a Pedro por su casa. En otros casos, el principio de oportunidad ha servido para que se negocien en las altas cortes penales del país, sentencias, investigaciones, o se oculten fallos, lo que la sociedad colombiana conoció hace dos años como el Cartel de la Toga. Y a las victimas las mandan a quejarse al mono de la pila. Pero, que podíamos esperar los colombianos si esa norma fue sancionado por un presidente del congreso que, hoy está señalado por un exfiscal anticorrupción como imputado ante la Corte Suprema de Justicia. Y a muchos exgobernadores que se enriquecieron cobrando coimas a los contratistas por acción o por omisión de sus asesores y secretarios, como sucedió en el Huila, es el caso que vengo denunciando de un tal José Nelson Polanía que fungió como asesor durante el gobierno de Carlos Julio González, inexplicablemente la justicia ha renunciado a investigarlos. Recientemente escribí una columna en la cual afirmaba que en Colombia no existen delitos de sangre, pero confieso que me equivoqué. El domingo anterior me entere que, a una exgobernadora sancionada por la Procuraduría General de la Nación por disponer cuando ejercía como alcaldesa de Neiva, de $12.000 millones de pesos y colocarlos en una oficina fantasma de captación de dineros oficiales, el H. Consejo de Estado le negó la tutela por medio de la cual quiso tumbar ese fallo, lo que me indica que la corrupción si tiene vínculos de ADN, en algunos casos, como en el de esta familia cubierta por el mismo manto de corrupción. Y si la fiscalía se toma el trabajo de escuchar a la ciudadanía referente a otros departamentos, encontrara que buena parte de los 50 billones de pesos que se roban cada año, ese dinero podría estar en los bolsillos de esa clase de exmandatarios. Desgraciadamente vemos que al final, todo lo que se roban terminan solucionándolo con la presentación de consecutivas reformas tributarias para que sea el hermano pueblo el pague los platos rotos. Lo que más indigna a los colombianos es que nos crean idiotas.
