Por: Mario Solano
La entrega de subsidios en tiempos electorales es un tema de un amplio debate. Si bien los subsidios son instrumentos legítimos de política pública orientados a aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, su implementación durante las campañas electorales plantea interrogantes éticos y legales. ¿Hasta qué punto la entrega de subsidios en estos periodos actúa como una herramienta de manipulación electoral? ¿Es posible desvincular la política social de la política? Este fenómeno, conocido como «voto de gratitud», no requiere de un intercambio directo o una promesa de reciprocidad; Sin embargo, crea una influencia indirecta en el comportamiento electoral de los beneficiarios. Así, el uso de los recursos públicos en épocas electorales plantea un dilema: ¿puede considerarse manipulación, aun cuando no haya una coacción directa así?
El reto en términos legales es complejo: aunque la legislación prohíbe los regalos o prebendas a cambio de votos, es difícil regular la entrega de subsidios sociales sin afectar a quienes realmente los necesitan. Para abordar esta problemática, podrían implementarse normas que limiten o transparenten el gasto social en períodos electorales. Algunos países han adoptado mecanismos, como la creación de un «silencio administrativo» en tiempos de elecciones, durante el cual se suspenden nuevas asignaciones de subsidios, garantizando que las decisiones de política social no estén condicionadas por intereses electorales. La solución ideal sería que los subsidios respondan a una política pública, desligada de cualquier ciclo electoral, nada fácil en Colombia.
Esto requiere un compromiso institucional para que las ayudas sociales no se conviertan en herramientas de influencia política, sino en derechos de los ciudadanos que se mantienen sin importar qué partido esté en el poder. Los gobiernos tienen la responsabilidad de atender a los sectores más vulnerables, también deben garantizar que sus políticas no perjudiquen la integridad del proceso democrático. Es fundamental establecer, promover, una política social que no esté condicionada. Este debate es crucial para Colombia, pues está en juego la confianza de los ciudadanos y la percepción de imparcialidad en el uso de los recursos públicos.
La solución pasa por fortalecer las instituciones y garantizar que la política social esté ciega contra los intereses partidistas, asegurando que los subsidios cumplan su función sin convertirse en una moneda de cambio. Muchos se preguntan, ¿ el dinero sin ejecutar que guarda el gobierno, en que se va a gastar?
