Álvaro Hernando Cardona González
Ahora que muchos acueductos, por la sequía causada por El Niño, se quedaron sin agua suficiente en sus fuentes, todos los gobernantes se “lavan las manos”. Incluso quienes ya gobernaron y durante los cuatro años que tuvieron, no hicieron nada para evitar lo advertido.
Los lectores no lo van a creer, pero aún tenemos acueductos con sus concesiones de agua vencidas, obras hidráulicas deterioradas o insuficientes, sistemas ineficaces de almacenamiento, etc.
Aprendiendo de El Niño y ya sabiendo que volverá en un período más corto cada vez, recordamos que la adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico se puede hacer por al menos tres instrumentos creados en la Ley 99 de 1993: 1. Con cofinanciación de las corporaciones autónomas regionales con las entidades territoriales (departamentos, municipios o distritos) (Art 108); 2. Destinando al menos el 1% de los ingresos corrientes anuales de los departamentos y municipios en adquirir y conservar las áreas abastecedoras y de recarga que surten de agua a sus acueductos (Art 111) y, 3. Destinando el 3% del valor de los proyectos de construcción de distritos de riego, que serán únicamente para adquisición de áreas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua (Parágrafo del Art 111).
De hecho, las dos primeras disposiciones advierten que, una vez adquiridas estas áreas, deben administrarse en coordinación con las corporaciones autónomas regionales y con participación de la sociedad civil. Y también cabe mencionar que en estas tareas es muy importante la articulación con los municipios porque ellos son los que mejor hacen control en el territorio y deben tener en cuenta estas áreas para, en lo mejor posible, incluirlas en las regulaciones sobre uso del suelo especialmente en los planes de ordenamiento territorial. Y tener todos valor institucional y social para reprochar sin ambages a quienes invaden estas áreas.
Hace mucho abogamos para dos cosas importantes: que los pagos por servicios ambientales sean sólo mientras se agota todo para adquirir las áreas claves para el agua; y que se defina las preciosas áreas para la conservación hídrica, antes de pensar en otorgar autorizaciones para desarrollar obras o proyectos.
No puede aplazarse más la identificación y alinderamiento de los baldíos, y distinguir entre aquellos que pueden destinarse a la reforma agraria, pero cuáles no, para dejarlos como áreas protegidas por su importancia ambiental. Dentro de estos últimos, mínimo los páramos, nevados y santuarios de flora y fauna, parques nacionales y regionales, deben reservarse eternamente. Nos dará seguridad ambiental, seguridad jurídica y garantizaría Desarrollo Sostenible de verdad; todo de una. La protección del agua, insistimos, requiere valor ¿lo tenemos?
