Con base en algunos comentarios publicados en redes sociales por el ex ministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, se nos han ocurrido varias ideas y reflexiones respecto de las denominadas en la legislación nacional, como áreas protegidas.
Las áreas protegidas son porciones continentales o marinas del territorio que son reservadas o destinadas exclusivamente, o con limitaciones parciales, al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas y para realizar investigaciones científicas. Existen áreas protegidas de dos tipos: públicas y privadas, según la propiedad que se ejerce sobre ellas. Y las primeras pueden ser de tres niveles territoriales: nacionales, regionales o municipales. Las nacionales generalmente son parte del patrimonio natural de la Nación; es decir, de los pueblos colombianos.
Hoy son dos las mayores amenazas que se ciernen sobre las áreas protegidas: a) la aparentemente indetenible deforestación, que según los expertos también es el problema ambiental más grave que enfrenta el país. Causada principalmente por los cultivos ilícitos, la ganadería y la colonización de bienes inajenables como los baldíos. Manuel Rodríguez recuerda que entre 2015 y 2016, la deforestación creció un 44 por ciento y que entre 2016 y 2017, un 23 por ciento, para llegar a 144.147 hectáreas entre 2017 y 2018; entre las más afectadas por la deforestación son los parques de Tinigua, la Macarena y Picachos, Paramillo, La Paya y Catatumbo-Bari. Y b) la ausencia de control del territorio por el Estado, lo cual se traduce en que la ausencia de justicia también afecta al medio ambiente.
Al país le falta mucha investigación. En cuanto a áreas naturales protegidas ni decir. Pero también le falta mucha coherencia para protegerlas. Como según la Constitución Política es deber del Estado y de las personas proteger el patrimonio natural nacional, es irónico que los colombianos protestemos mucho porque no se delimiten adecuadamente estas áreas, pero cuando se hace, quienes allí desarrollan actividades se oponen fervientemente porque incluso sostienen que eso es un detrimento al patrimonio privado. Contradictorio.
Necesitamos una protección eficaz. Pero esto, sólo se logrará cuando se hagan tres cosas: a) Que se determine con precisión dónde se pueden o no adelantar proyectos y actividades mineras, petroleras, ganaderas y otras; b) que sin dubitación se identifiquen y alinderen los baldíos que son propiedad de la Nación, para no pagar indemnizaciones a ocupantes sobre ellos; y c) que se fije sin dilación un programa de reubicación de propietarios con legítimos derechos que ocupan estas áreas. Sentido común y firmeza.
