Por: Carlos A. Velásquez
Como era de esperarse durante el primer mes del gobierno Petro la reforma tributaria ha acaparado la atención de la opinión pública. Pero también han sido unos días repletos de anuncios y proyectos radicados ante el Congreso, entre los cuales quiero destacar el proyecto de reforma a la ley de orden público puesto que constituye un paso específico para avanzar en la Paz Total, la misma que, como su nombre lo indica, tiende a convertirse en el eje principal de la gestión del actual gobierno.
Por esto, hay que decir que, transcurridos poco más de treinta días, se percibe más voluntarismo de paz que estrategia para alcanzarla, lo cual es un error que si no se corrige a tiempo traerá palos en la rueda en los propósitos pacificantes. Es que sin un “cómo” comprehensivo para la paz, que incluya la articulación no solo con políticas sociales, sino también con una política de Seguridad y Defensa – desde el ángulo de la “seguridad humana”- que derive en una estrategia de seguridad integral coadyuvante a la paz, se corren no deleznables riesgos de que la Paz Total se convierta en una frustración histórica y no en el principal legado del “Pacto Histórico”.
De entrada, es poco estratégico hacer varios anuncios de concesiones antes de recibir algo tangible a cambio, más allá de la entrega de secuestrados recientes y cartas de intención. Como suele ocurrir, cuando la política hace mucho ruido, el debate de corto plazo no deja ver las potenciales consecuencias de largo plazo que esconden los hechos inmediatos. Por esto buena parte de la discusión se ha enfocado en si los grupos armados, sean políticos o criminales, van a desmovilizarse o no y se ha dejado a un lado uno de los componentes de la estrategia de paz en que más ha insistido el Gobierno: los diálogos territoriales con carácter vinculante pues, de acuerdo con el propio Petro, lo que allí se acuerde ¡se convertirá en ley! Es más, se ha hablado de que en estos diálogos participarán todo tipo de actores regionales sean o no parte de los grupos armados, todo lo cual no deja de tener un fuerte aroma del absolutismo democrático de Rousseau.
Entonces surgen preguntas: ¿Cuáles van a ser los mecanismos de selección de los participantes en los diálogos? ¿Qué temas se tratarán y bajo qué mecanismos las decisiones que allí se acuerden se convertirán en leyes? ¿Tendrá el Congreso algún tipo de participación en la toma de decisiones para evitar que las leyes que surjan de los diálogos pasen por encima de su competencia? Si los temas no se acotan a los propósitos de paz y seguridad en los territorios, los diálogos podrían derivar en una suma de pequeñas asambleas constituyentes. Son solo algunas preguntas que rodean la propuesta de los diálogos territoriales.
En lo atinente a seguridad, además de las masacres ocurridas recientemente, el atentado contra los policías del corregimiento de San Luis fue un campanazo de alerta que pudo estar orientado a “medirle el aceite al gobierno” y al mismo tiempo mostrarle que no le va a ser fácil lograr que cesen sus acciones violentas y menos su desmovilización.
De cualquier manera, es evidente que esto debería conllevar un ajuste en la política de seguridad del actual gobierno que seguramente se está elaborando. En esta se deberían responder interrogantes tales como ¿Cuáles son los tipos de operaciones con la Fuerza Pública más apropiadas para ambientar los diálogos? ¿Cuál es la Fuerza Pública más competente para realizarlas? ¿Qué autoridad decide cómo, cuándo y dónde? ¿Cuáles son los indicadores de éxito?
