Por: Aníbal Charry González
Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo viene haciendo respecto de varias regiones de este violento país, hizo imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad contra 35 militares, entre ellos 5 generales ya retirados, relacionados con los mal llamados falsos positivos en nuestro departamento, que no fueron más que asesinatos infames cometidos de acuerdo a la etimología de la palabra infame por hombres malvados carentes de honra, que mancillaron gravemente el honor militar, porque no se les puede llamar de otra manera por la forma en que fueron ejecutados según las providencias del alto tribunal de la justicia transicional que tiene respaldo constitucional, integrado por juristas impolutos y respetables, no obstante la ruindad de la extrema derecha negacionista para tratar de menoscabar su integridad.
Porque constituyen un verdadero horror que ofende la condición humana que en nuestra región como ocurrió en otras regiones, se hubiesen cometido 200 asesinatos infames, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de 8 tentativas de homicidio cometidas entre el 2005 y el 2008, como lo relató el Diario del Huila, destacando la sólida argumentación de la JEP al hacer la imputación de que “los generales debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales”. Y de que manera criminal y violadora de los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad solo comparables con los crímenes cometidos por las peores dictaduras que hemos tenido en el continente, cuando nos ufanamos hipócritamente de tener una democracia.
Pero lo más grave de estos asesinatos infames no son las imputaciones que ha hecho la JEP, sino el negacionismo de millones de colombianos convertidos en cómplices de este horror por razones de deshumanización y fanatismo político para tratar de justificarlos en la lucha contra la subversión calificándolos con no menos villanía como buenos muertos, sabedores de que no fueron guerrilleros los afectados sino personas humildes y discapacitadas que disfrazaban para hacerlos pasar como tales como éxito militar a cambio de recompensas, demostrativo no solo de la maldad de sus ejecutores, sino de quienes siguen negando estas atrocidades tratando de deslegitimar la honra y el buen nombre de los jueces transicionales y de paso la contundencia de los fallos que han hecho las graves imputaciones penales.
Con la comisión de esos despreciables crímenes de lesa humanidad cometidos como lo ha dicho la JEP obedeciendo a un acuerdo común con división del trabajo criminal y aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos aquí en el Huila, no queda sino que los encartados a modo de rescate del honor militar, que sin duda tienen la mayoría de los integrantes del Ejército como se ha demostrado con muchos que se negaron a cometer estos crímenes por lo cual fueron destituidos, reconozcan su responsabilidad y pidan perdón al pueblo colombiano para que nunca más se vuelva a repetir este horror que desdice de la condición humana y nos avergüenza ante el mundo.
