Este sábado entra en vigor la ley SB 1718 en Florida, considerada una de las legislaciones más duras contra la inmigración ilegal en Estados Unidos.
Esta medida ha generado miedo y preocupación entre las personas sin documentos, llevando a algunos a huir del estado en busca de territorios que no los discriminen por su condición migratoria.
La ley SB 1718 tiene como objetivo perseguir a los migrantes ilegales en el estado de Florida. Sin embargo, críticos señalan que las medidas adoptadas no toman en cuenta la importancia de los indocumentados para el país y podrían tener consecuencias negativas a largo plazo.
Una de las disposiciones más controvertidas de esta legislación es que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio se considera un delito punible con hasta 15 años de prisión. «Transportar a cinco o más extranjeros ilegales, un solo menor no acompañado o un contrabandista convicto resultará en una multa de 10.000 dólares y una condena de hasta 15 años de prisión», afirmó el gobernador.
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Además, la ley hace obligatorio el uso de E-Verify para cualquier empleador con 25 o más empleados, impone sanciones para aquellos que empleen a extranjeros ilegales y endurece las penas por el contrabando de personas. También prohíbe que los gobiernos locales emitan tarjetas de identificación (ID) a extranjeros sin estatus migratorio, invalida las licencias de conducción emitidas en otros estados y requiere que los hospitales recopilen y presenten datos sobre los costos de brindar atención médica a extranjeros ilegales.
Desde que se anunció la ley, cientos de personas han abandonado el estado en busca de lugares donde no sean discriminados por su origen y la falta de documentos en regla. El temor y la incertidumbre han llevado a muchas familias a buscar refugio en otras jurisdicciones donde se sientan más seguras y protegidas.
La entrada en vigor de la ley SB 1718 ha generado un intenso debate sobre la efectividad y los impactos a largo plazo de este tipo de medidas. Mientras algunos argumentan que estas políticas fortalecen la seguridad y la aplicación de la ley, otros advierten sobre posibles violaciones a los derechos.
