En una trama judicial bastante complicada terminó convertido el pleito por el contrato -ya objeto de caducidad- firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic) y el consorcio Centros Poblados, que por más de $1 billón de pesos debía activar siete mil puntos de acceso digital en las zonas rurales más alejadas en el país.
En su citación de debate de control político en el Senado, la ministra Karen Abudinen entregó detalles de lo sucedido con el polémico contrato, en el marco del cual hay embolatados más de $70 mil millones de pesos dados en anticipo.
La Ministra señaló que el proyecto se estructuró desde 2018 y estuvo a cargo del entonces viceministro de la cartera, Iván Mantilla, que ahora es exfuncionario, y el director de Infraestructura, Camilo Jiménez.
De acuerdo con Abudinen, la habilitación se basó en el contratista que ofreciera “más centros, más velocidad y más tiempo” y bajo esos criterios se calificó a cada uno de los aspirantes. “Aquí ganaba quien tuviera una mejor oferta económica, no quien me diera mejor calidad”, señaló.
“Y no solamente han engañado al Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Yo les quiero decir: no solamente han engañado al Ministerio, son más de $4 billones de pesos que hoy han estado en manos de estos delincuentes”, expresó ayer la Ministra.
La alta funcionaria mostró los registros de Cámara de Comercio de cada una de las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados, para demostrar que habían acreditado capacidad financiera para responder por el contrato.
No hay que olvidar que todo el escándalo se empezó a destapar cuando se descubrió que había una garantía bancaria falsa, a partir de lo cual se comenzó a revisar toda la documentación presentada.
Abudinen, que tendrá que afrontar un debate de moción de censura el próximo 3 de septiembre, está citada hoy a la Comisión Sexta, pero esta vez de la Cámara, donde seguirá rindiendo explicaciones alrededor de este polémico asunto.
Acciones oficiales
Tanto el Mintic como la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría ya adelantan procedimientos y pesquisas para esclarecer lo ocurrido y recuperar los $70 mil millones.
De hecho, la semana pasada Abudinen dejó en firme la declaratoria de caducidad del contrato. La sanción más drástica que se puede aplicar en materia de contratación estatal. Así las cosas, los contratistas que conforman la Unión Temporal quedan, en virtud de la decisión, inhabilitados por 5 años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado.
Abudinen confirmó que fue el Ministerio el que puso en conocimiento de la Fiscalía que el Banco Itaú señaló que la garantía bancaria presentada por el consorcio no fue expedida por esa entidad. Por eso mismo, se adelanta ahora un proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación y se pedirán las restituciones mutuas por daños y perjuicios. Por ejemplo, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria en contra de la Unión Temporal por la suma de hasta $39.000 millones.
La Ministra ya había anunciado que ordenó el embargo de $70.000 millones sobre las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y todos sus integrantes.
Órganos de control
Sobre el tema la Contraloría ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Centros Poblados y de funcionarios del Ministerio.
Felipe Córdoba, jefe de la entidad, informó que embargarán los bienes de los contratistas que recibieron el anticipo para resguardar ese dinero.
“No solo se trata de resguardar con embargos los $70.000 millones que se entregaron como anticipo. La norma nos permite resguardar hasta $140.000 millones”, dijo el contralor.
Agregó “que estamos verificando las cuentas, los datos, mirar qué es lo que se tiene dentro del proceso”.
La Procuraduría, a su turno, ya abrió un proceso también y dentro del mismo escuchó la declaración del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque. Asimismo, anunció que llamará a declarar a funcionarios responsables de supervisión del contrato desde Mintic. Otros citados para dar su declaración son los miembros del Banco Itaú.
Los funcionarios públicos que están en el ojo de la controversia pertenecen al Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones: Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual; y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
Tanto en el proceso que abrió la Procuraduría como en el de la Contraloría no se encuentra vinculada la ministra Abudinen.
¿Y en la Fiscalía?
El fiscal general Francisco Barbosa dijo días atrás que se está adelantando una estrategia internacional para poder verificar cómo se movieron los recursos del anticipo al extranjero. Hay colaboración, incluso, con agencias de Estados Unidos y otros países.
“Desde el momento en que se interpusieron las denuncias, por el propio Ministerio y los medios de comunicación, iniciamos todas las acciones investigativas. A la Fiscalía han ido varias personas a entrevistas e interrogatorios con apoderados, personas que tienen que ver con ese consorcio o esa unión temporal, así como la interventoría”, sostuvo.
Asimismo, la Fiscalía citó a entrevista a la Ministra, con el fin de ampliar su denuncia sobre las presuntas irregularidades dentro de ese contrato. Es de aclarar que el hecho de que tenga que ir a una citación, no significa que esté vinculada a la investigación.
La Fiscalía confirmó también que ya se escuchó el testimonio del representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, quien habría presentado ante la entidad pruebas sobre el destino de estos recursos, los cuales, según él, habrían sido invertidos en equipos en Estados Unidos.
Bajo la lupa de los tres entes de control se encuentran todas las empresas que hacen parte del consorcio: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por legalmente por Jairo Antonio Múnera; ICM Ingenieros S.A.S, representada por Herles Rodrigo Ariza; e Intec la Costa S.A.S., representada por Hugo Armando Canabal.
Según se supo, dos de esas compañías, ICM Ingenieros e Intec la Costa S.A.S. tienen actualmente contratos con el Instituto Nacional de Vías. Esa participación no puede continuar debido a la inhabilidad que recayó sobre ellas.
Así mismo, se conoció que estas dos firmas también hacen parte del Consorcio Vías para el Chocó por un monto de $117.630 millones.
Por ahora los procesos apenas están en etapa probatoria y habrá que esperar para que se avance a las de instrucción y juzgamiento, en donde se definirá si habrá lugar a sanciones de tipo penal, disciplinario y fiscal.
ETB asumirá el contrato
La Ministra anunció que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) será “el operador que va a tener este proceso porque en la caducidad, y cuando uno caduca, el siguiente es quien tiene el derecho. Eso es por ley”.
En su momento se supo que la Unión Temporal ofreció la construcción de 7.277 centros de conexión a internet por poco más de $1 billón de pesos, la mitad del contrato, pero más centros que el otro ofertante a contratista, la ETB.
Ante este anuncio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trinó: “En sana y limpia competencia, nuestra propuesta ETB NET era y es la mejor para conectar a niños, niñas y jóvenes de la Colombia rural a la conectividad, el conocimiento y las oportunidades del siglo XXI. Ejecutaremos ese proyecto con amor y pasión, como otra gran experiencia ETB”.
