Las ciudades capitales del país asociadas en Asocapitales hizo un llamado a modificar la ley de Garantías que cambió el Congreso el pasado 19 de octubre, durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2022.
La nueva medida como se recuerda, permite celebrar contratos interadministrativos entre entidades territoriales para proyectos durante la época electoral del próximo año, que, para algunos congresistas y sectores del país, hay riesgo de corrupción.
Sin embargo, Asocapitales afirmó que es conveniente y necesaria la modificación a la Ley de Garantías, para apoyar la reactivación económica y fomento del empleo en el país de las corporaciones afectadas por la pandemia.
«Ello permite el desarrollo de una efectiva reactivación económica desde las regiones en el país, lo que a su vez genera mayor empleo en las entidades territoriales. Además, la celebración de contratos interadministrativos será fundamental para obtener mejores índices en seguridad ciudadana, porque permitirá aunar esfuerzos entre la nación y las entidades», decía el comunicado de la asociación.
Asocapitales agregó que dichos contratos seguirán vigilados por los entes de control y se cuidarán los recursos pertinentes para los proyectos en el país: “Es necesario resaltar que los convenios interadministrativos que celebren las entidades territoriales estarán sujetos, según el artículo 125 del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, a la vigilancia de la Contralaría General de la República, la cual puede desplegar sus funciones de control concomitante y preventivo”.
El comunicado de la entidad indica que la Ley de Garantías se hizo para promover la igualdad entre los candidatos ante una reelección presidencial, pero como fue prohibida en 2015, indicaron que la norma debe estar acorde a la actualidad política.
«El hecho de que se hayan presentado desde el 2015 y hasta los 2020 numerosos proyectos de ley con el objetivo de modificarla, muestra que es precisa su revisión», decía el texto.
Asocapitales terminó diciendo que «a diferencia de lo que indican algunos sectores, la Ley de Garantías no busca favorecer a ningún partido político en específico. Esto es así ya que el mapa de afiliaciones partidistas de alcaldes y gobernadores representa pluralmente a los partidos”.
