74 miembros de la fuerza pública, vinculados al Subcaso Huila del Caso 03, se presentan durante tres días en Neiva para admitir su participación en asesinatos y desapariciones forzadas, previamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Entre estos comparecientes, 28 son identificados como máximos responsables y ya han aceptado por escrito su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, programada para los días 8, 9 y 10 de agosto, será el escenario donde estos 28 máximos responsables, incluidos tres excomandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG) —los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García— detallarán cómo se ejecutaron los homicidios en combates simulados en el departamento de Huila, presentándolos como resultados operacionales legítimos.
En la audiencia, los magistrados y magistradas de las salas de Reconocimiento de Verdad y de Definición de Situaciones Jurídicas también escucharán a aquellos comparecientes de la fuerza pública que están en la Ruta No Sancionatoria. Este proceso integral de la JEP busca resolver la situación legal tanto de los máximos responsables imputados como de aquellos que tuvieron una participación menor en los crímenes.
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Además, participarán más de 140 víctimas acreditadas ante la JEP, quienes han estado activamente involucradas en el proceso judicial y restaurativo. Esta audiencia es una oportunidad para que los comparecientes contribuyan a la reparación de las víctimas, reconociendo los daños causados y ofreciendo detalles sobre sus acciones y roles en estos crímenes, en un esfuerzo por sanar las heridas del conflicto.
La Sala de Reconocimiento ha señalado que estos máximos responsables estuvieron implicados en 200 asesinatos en 108 eventos ocurridos entre 2005 y 2008, así como en 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Estos crímenes fueron ejecutados por integrantes de varios batallones, incluyendo el BIPIG y la Novena Brigada.
Al igual que en otros casos en Colombia, los comparecientes abordarán públicamente los hechos y conductas imputadas, su participación en los crímenes y los daños ocasionados a las víctimas y comunidades. También se discutirá sobre proyectos de restauración para las víctimas, quienes tendrán la oportunidad de describir los impactos sufridos y presentar demandas restaurativas que guiarán las sanciones futuras.
Sin embargo, seis de los máximos responsables no han reconocido su responsabilidad. Pese a la evidencia, los mayores generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca y el coronel Fernando Moncayo Guancha han negado su participación en los crímenes. Sus casos han sido trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que podría iniciar un procedimiento adversarial que podría resultar en penas de cárcel de hasta 20 años.
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