La sana intencionalidad del gobierno nacional de reducir en un 50% el costo del Soat para los motociclistas y de los vehículos de servicio público en el país, el año anterior, se buscaba que todos los que se encontraban de manera ilegal circulando por las vías del país sin este documento, pudieran adquirirlo. La cifra es alarmante: más de 6,7 millones de motos que circulan en el país no adquirieron el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), al cierre del primer semestre. Esto significa que no están amparadas para cubrir posibles incidentes que impliquen la muerte o herida de personas. Lo más preocupante del caso es que las motos, que representan alrededor del 50 por ciento del parque automotor, son las que generan el mayor número de muertes fatales y lesionados en el territorio nacional.
De acuerdo con lo expresado en la última edición de la revista Motor, a fin de cuentas, la medida gubernamental en vez de estimular una cultura de pago lo que hizo fue aumentar el número de motos sin póliza. De ahí que el sector asegurador esté pidiendo una reestructuración de la norma, dados los costos que está acarreando para el sistema. Las decisiones tomadas al calor de los acontecimientos, además de poner en riesgo la vida, están desangrando el sistema de salud.
Recordemos que en medio del desespero político del gobierno nacional, siempre ha buscado se buscado disminuir la intensidad y las protestas sociales en algunas regiones del país, porque no se vislumbra la luz al final del túnel en el corto y mediano plazo, por lo cual, tomó la medida de reducir el costo del Soat a partir del 1 de enero de 2023. Los recursos para financiar esa ayuda han salido de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Pero se ha venido desfinanciando este fondo que está destinado para financiar el costo de la salud pública en el país, el cual presenta un faltante superior a los 13,8 billones de pesos para sanear las deudas con el sistema público y privado de la salud de los colombianos. Vale la pena comentar que esta decisión errada junto con su tozudez y sesgo ideológico de terminar las EPS, tienen al borde de generar en los próximos meses el peor caos del sistema nacional de salud, como lo han anunciado el día anterior la agremiación Acemi.
El primer mandatario de los colombianos debe reorientar esta política pública, para ejercer controles más estrictos en la circulación de estos velocípedos por las vías urbanas y rurales sin los documentos exigidos por el Código Nacional de Tránsito. Los infractores se han convertido en una seria amenaza para vida de las familias colombianas que se ven amenazadas por estos conductores irresponsables e irracionales.
