Los empresarios, comerciantes, campesinos, transporte público y otros sectores de la producción se encuentran muy preocupados por el aumento de las extorsiones que se están presentando desde que se posesionó el primer mandatario de los colombianos el 7 de agosto del año anterior. Los afectados están siendo citados en las montañas, para que empiecen a negociar con las organizaciones narcoterroristas los montos mensuales que deben seguir pagando a estas estructuras guerrilleras. Y como si fuera poco, si se niegan son amenazados con acciones terroristas contra su vida y su patrimonio familiar construido durante décadas y que, dada la fracasada política de paz hasta el momento, se sienten incentivados para seguir fortaleciendo su accionar criminal por la laxitud gubernamental que tienen con esta criminalidad que ha desbordado el accionar del Estado.
En el Huila es cada vez creciente este fenómeno criminal. Igualmente sucede en el resto del territorio colombiano. Aunque hay destacar la intencionalidad del gobierno nacional para iniciar las mesas de diálogo con el ELN y las disidencias de las Farc, desafortunadamente estas organizaciones siguen intensificando su accionar delincuencial contra la población civil y los integrantes del aparato militar del Estado. Diariamente se están presentando secuestros, desplazamientos forzados, reclutamientos de menores para la guerra, asesinatos, taponamientos, extorsiones, vacunas, boleteo, quema de vehículos, masacres, asesinatos selectivos, entre otras acciones delincuenciales, que tienen en ascuas a toda la población colombiana. Podemos enunciar algunas acciones cometidas recientemente por estas organizaciones donde tres policías fueron asesinados en una emboscada en Morales, Cauca. Las imágenes de este ataque circularon profusamente en redes, causando impacto y rechazo. Igualmente, el soldado que fue secuestrado en este mismo departamento. En el Catatumbo, las disidencias de las Farc bloquearon la vía que conduce a Tibú, pintaron consignas en tractomulas y advirtieron sobre presencia de explosivos en dos de ellas. En la vía entre Pasto y Tumaco un bus fue incendiado, mientras que un atentado contra una estación de policía en Taminango, también Nariño, dejó dos personas heridas, al tiempo que, en Mutatá, Antioquia, en un hostigamiento a una patrulla de la Policía murió un uniformado y otro resultó herido. El líder social José Rubiel Güetia fue asesinado el martes pasado en Caldono, Cauca. Por último, el viernes en la mañana dos soldados fueron secuestrados en Cumbitara, Nariño, y dos camiones del Ejército resultaron incinerados.
Lo enunciado anteriormente, son expresiones de violencia que actualmente están sucediendo y que muchos sectores de los áulicos afectos al presidente Petro, no aceptan que se estén presentando. Todavía siguen mirando las nebulosas, aislados totalmente de la profunda crisis social y económica en que se debate la sociedad colombiana. No queremos más retóricas baratas. Las familias y el sector productivo del país esperan resultados concretos para contrarrestar este accionar irracional de estos desadaptados sociales. La que termina no fue una buena semana en materia de orden público y seguridad. Tres policías fueron asesinados en una emboscada en Morales, Cauca. Las imágenes de este ataque circularon profusamente en redes, causando impacto y rechazo.
