La coordinadora de la mesa departamental de víctimas, Edna Rocío Pinto, alertó sobre el incremento de las amenazas y el riesgo de desplazamiento que enfrentan seis líderes sociales en el Huila. Amenazas que persisten, generando un clima de temor en las comunidades.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Edna Rocío Pinto, coordinadora de la mesa departamental de víctimas, ha levantado la voz para denunciar una preocupante situación en el departamento del Huila: el aumento de amenazas y el riesgo de desplazamiento que enfrentan seis líderes sociales y comunitarios en la región.
Pinto ha destacado que, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública, persisten y se intensifican las amenazas, aunque los reportes oficiales no reflejen debidamente esta situación. Esta falta de registro adecuado se atribuye en gran medida al miedo y la reticencia de la población a denunciar debido a la constante vulnerabilidad en la que viven, especialmente en las zonas rurales.
La coordinadora de la mesa departamental de víctimas, manifestó su preocupación ante la ausencia de garantías de no repetición en el departamento, subrayando que el silencio impuesto por el temor no es más que un reflejo de la falta de seguridad y confidencialidad para quienes deciden alzar la voz.
Han identificado a los seis líderes amenazados, pero hasta ahora no han formalizado las denuncias por temor a represalias. “En estos momentos tengo conocimiento que hay seis líderes amenazados en el Huila. Ellos me han manifestado que no han denunciado ante las autoridades del departamento y que tampoco lo piensan hacer. Se me acercaron porque ven en mí, como vocera de víctimas, esa voz que puede llevarles la denuncia ante los entes nacionales”, dijo la representante de víctimas Edna Rocío Pinto.
Pinto ha revelado un patrón alarmante en cuanto a la procedencia de las amenazas: individuos que se hacen pasar por miembros de las disidencias de las FARC están citando a los líderes a reuniones. Estos encuentros clandestinos se están llevando a cabo en diversas veredas de los municipios de Algeciras, Garzón, Pitalito, Isnos y San Agustín, sembrando el temor entre las comunidades y generando una atmósfera de incertidumbre y peligro.
De acuerdo con lo expresado por la vocera de víctimas del conflicto armado, los dirigentes que han recibido amenazas “no han denunciado ante las autoridades en el Huila porque, según ellos, no hay garantías de confidencialidad. Me han manifestado que los han citado a que participen de unas reuniones que están realizando en algunas veredas y las personas que los citan se identifican como de las disidencias de las Farc”.
Ante esta situación, la coordinadora de la mesa departamental de víctimas ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger la integridad de los líderes amenazados y garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de sus labores en pro de las comunidades más vulnerables del Huila.
Una cifra preocupante
Desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, una escalofriante ola de violencia ha cobrado la vida de 37 líderes sociales en el departamento del Huila, según reveló un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para la Paz – Indepaz.
Lo más alarmante es que el 97% de las víctimas de estos homicidios fueron hombres, lo que resalta una tendencia de género preocupante en estos crímenes. El observatorio desarrolló un visor que detalla las cifras de homicidios de líderes y lideresas sociales desde la firma del histórico acuerdo de paz en el país.
Este visor, una herramienta crucial para comprender la magnitud de esta crisis, permite filtrar los datos por años, sectores, sexo, municipios y departamentos. Al analizar específicamente el panorama en el departamento del Huila, se evidencia que el año 2020 fue el más mortífero, con once homicidios registrados. En contraste, el año 2017 tuvo el menor número de muertes, con solo un caso reportado.
En cuanto al tipo de liderazgo, se destacan las siguientes cifras: líderes comunales, líderes campesinos y líderes comunales representan la mayoría de las víctimas, seguidos por líderes indígenas, líderes políticos y servidores públicos. Entre las víctimas, se encontraban tres mujeres y 33 hombres.
Los líderes asesinados representaban una amplia gama de liderazgos, incluidos líderes ambientalistas, campesinos, comunitarios, culturales, indígenas, LGTBI, políticos, servidores públicos y miembros de poblaciones víctimas.
Dicho informe detalla los nombres de las víctimas y sus roles en la comunidad, destacando el sacrificio de personas como Marcelina Canacué, Luis Gerardo Ochoa Sánchez, Gabriel Muñoz, y muchos otros que perdieron la vida defendiendo los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social.
Este trágico recuento de vidas perdidas abarca desde el año 2016 hasta el 2023, con nombres como Humberto Díaz Tierradentro, Jairo Ortiz, Mireya Hernández Guevara, y Juan David Chávez, entre otros, marcados por la violencia que sigue asolando la región.
Ante esta creciente crisis, de acuerdo con Indepaz, la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales deben unirse en un esfuerzo concertado para abordar las causas subyacentes de esta violencia y garantizar la protección de los líderes sociales y llevar a los responsables ante la justicia. Solo así se podrá honrar adecuadamente el legado de aquellos que han sacrificado sus vidas en la búsqueda de un país más justo y pacífico.
El aumento de la violencia contra líderes sociales es una preocupación creciente en el departamento del Huila y en toda Colombia. Organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general exigen acciones contundentes por parte de las autoridades para proteger a estos líderes y garantizar un entorno seguro para su trabajo en la construcción de la paz y la justicia social.
