Diariamente la accidentalidad en el país, están presentando cifras alarmantes por la irracionalidad e impericia de algunos conductores que no respetan las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito. Anualmente cerca de 110.000 personas mueren y más de cinco millones resultan heridas en accidentes de tránsito en América Latina y el Caribe, según la Oficina de la ONU para la Seguridad Vial. Muy doloroso. Y más cuando estos accidentes son la principal causa de muerte entre niños de 5 a 14 años y la segunda entre adultos jóvenes en la región, con un costo económico que el Banco Mundial estima entre el 2 y el 6 % del PIB regional. De acuerdo con las estadísticas promulgadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante la vigencia de 2023, se presentaron en el país 5.416 muertes por accidentes de tránsito y en lo que va corrido del 2024 hasta agosto, han perdido la vida 5.238 personas donde el 56,06% corresponden a accidentes por motos. Son muy realistas estas cifras, lo cual devela una mayúscula problemática que tiene muy preocupadas a las autoridades, porque le están generado altos costos al sector de la salud.
Después de analizar la situación en los países del continente, la agencia resalta la imperiosa necesidad de sistemas de transporte eficientes y seguros. Estas infraestructuras no solo mejorarían la movilidad urbana, sino que facilitarían el acceso a servicios esenciales como educación, atención médica y alimentación, promoviendo una mayor equidad. Son imperantes los esfuerzos por mejorar la infraestructura y la educación vial, lo que hace indispensable que el Estado estructure políticas para minimizar los riesgos de accidentes viales por las carreteras de Colombia. Diariamente observamos en los medios de comunicación y redes sociales, la ocurrencia de éstos en las carreteras huilenses y en las zonas urbanas de los municipios, por la imprudencia de los conductores que se vuelven los dueños y amos de las vías, sin medir las consecuencias fatales que pueden suceder. La irracionalidad es el común denominador en dichos eventos fatales.
Todos los actores de la vida pública debemos ser consecuentes con estos peligros latentes que se presentan en las vías. Se deben estructurar y diseñar políticas públicas que conduzcan a mejorar los esfuerzos gubernamentales en infraestructura y educación vial, que son esenciales para poner freno a este desenfreno irracional de algunos desadaptados sociales que ocasionan estos accidentes. Es importante incorporar la seguridad vial en el corazón de sus planes de desarrollo. Es crucial crear redes seguras para peatones y ciclistas, especialmente cerca de las escuelas, y garantizar un transporte público eficiente y accesible. Un sistema vial bien diseñado no solo salvaría vidas, sino que también fortalecería los vínculos económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas y rurales, ampliando las oportunidades para todos.
