El Gobierno anunció la expedición del decreto 2182, que, busca mejorar la calidad de vida de aquellas personas que han dedicado más de una década de servicio comunitario sin reunir los requisitos para acceder a una pensión.
Según el decreto, las personas que hayan ejercido el loable rol de madres comunitarias y madres sustitutas por más de 10 años, y que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión, tendrán derecho a recibir un subsidio de subsistencia. Este subsidio oscilará entre el 80% y el 95% de un salario mínimo, representando un aumento significativo en comparación con el subsidio actual de $498.000 mensuales.
El compromiso del presidente Petro se traduce en un impacto positivo para 5.129 ex madres comunitarias, quienes verán duplicado su ingreso mensual. El gobierno destinará más de 18 mil millones de pesos para el pago retroactivo pensional, el cual se entregará de manera retroactiva a partir del mes de julio, una vez que se incorporen las partidas presupuestales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su financiamiento.
La medida beneficiará a aquellas personas que se desempeñaron como madres y padres comunitarios, y madres y padres sustitutos, acreditando su condición de retiro a partir del 16 de junio de 2011, conforme con la entrada en vigor de la Ley 1450 de 2011, que creó dicho subsidio.
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Los criterios de permanencia en la labor determinarán el porcentaje del subsidio otorgado. Quienes cumplieron entre 10 y 15 años recibirán el 80%, entre 15 y 20 años el 90%, y aquellos con más de 20 años se beneficiarán con el 95% de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).
Para acceder a este beneficio económico, los solicitantes deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser ciudadano colombiano, tener un mínimo de 57 años para mujeres y 62 para hombres, no ser beneficiario del mecanismo BEPS de Colpensiones, haber desarrollado el rol de madre comunitaria por al menos 10 años, y acreditar la condición de retiro a partir del 16 de junio de 2011. Este decreto modifica el Decreto 1833 de 2016 y establece que el Ministerio de Trabajo y el ICBF realizarán las acciones necesarias para la transferencia de recursos que completarán el subsidio, en virtud del principio de colaboración armónica. Con esta iniciativa, el gobierno busca reconocer y retribuir el valioso servicio comunitario prestado por estas personas, garantizando un retiro digno y mejorando su calidad de vida.
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