El expresidente aseguró que se le está adelantando un proceso penal sin garantías y se retiró de la audiencia preparatoria.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Durante la audiencia preparatoria del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, llevada a cabo el 2 de octubre de 2024 y presidida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, se produjo una intensa discusión que marcó un punto álgido en el proceso judicial. La defensa de Uribe, encabezada por su abogado Jaime Granados, solicitó un aplazamiento argumentando que apenas habían tenido acceso al celular y al computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso, y que necesitaban tiempo adicional para revisar adecuadamente estas pruebas antes de continuar con la audiencia.
El abogado Granados sostuvo que el contenido de estos dispositivos es crucial para la defensa del expresidente, y que no contar con el tiempo suficiente para revisarlos a fondo violaba el derecho de Uribe a una defensa justa. Además, agregó que la copia espejo de las pruebas, obtenida por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, debía ser comparada con los dispositivos originales para garantizar la veracidad del material.
Sin embargo, la jueza Heredia rechazó la petición de aplazamiento, argumentando que la solicitud parecía ser una estrategia dilatoria. “Para evitar que el proceso se dilate en forma innecesaria… el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor”, afirmó la jueza, añadiendo que no se podía suspender el proceso para realizar una verificación de información que ya estaba disponible desde el 12 de septiembre. Según la jueza, la defensa había tenido tiempo suficiente para realizar las verificaciones necesarias, y no veía motivo alguno para detener el proceso en esta etapa.
Visiblemente frustrado, el expresidente Uribe tomó la palabra y defendió la postura de su equipo legal. «No es una estrategia dilatoria», dijo, explicando que su defensa había actuado con diligencia, pero que las pruebas recién fueron entregadas en la noche del lunes, lo que hacía imposible su revisión completa antes de la audiencia. “Me siento sin garantías, señora jueza, cuando me niegan esa prueba… no es posible verificar el contenido y cotejarlo sin tener los dispositivos en mano”, añadió, haciendo énfasis en que el proceso estaba afectado por lo que consideraba una falta de equidad.
La jueza Heredia insistió en que el proceso debía continuar y le pidió a Uribe que expresara si entendía los cargos en su contra, que incluían soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, y que manifestara si aceptaba o no los cargos. A pesar de las reiteradas solicitudes, Uribe evitó dar una respuesta directa, asegurando que no podía avanzar sin tener acceso a todas las pruebas que consideraba cruciales para su defensa. «Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero aquí hay algo muy grave», señaló el exmandatario, sin declarar explícitamente su posición frente a los cargos.
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Ante la insistencia de la jueza para que se pronunciara sobre su culpabilidad o inocencia, Uribe reiteró que no se sentía con garantías procesales y que se retiraría de la audiencia. «Me retiro, señora jueza», concluyó, dejando la sala visiblemente afectado por lo que percibía como un proceso injusto.
La jueza Heredia, en respuesta, indicó que la retirada del expresidente se interpretaría como una declaración de inocencia y procedió con la audiencia, otorgando la palabra a la fiscalía para que presentara las pruebas que utilizarían en el juicio oral. El caso sigue en curso, marcado por las tensiones entre la defensa del expresidente y las decisiones judiciales que han generado controversia en la opinión pública.
Este episodio añade una nueva dimensión a un proceso que ha sido objeto de amplio escrutinio, tanto en el ámbito jurídico como en el mediático. La posición del expresidente Uribe, quien asegura estar siendo sometido a un proceso penal sin las debidas garantías, podría influir en las próximas fases del juicio, que ha capturado la atención del país debido a la relevancia de los cargos y la figura política involucrada.
El expresidente Uribe ha sido un actor central en la política colombiana por décadas, y este juicio no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, con posibles repercusiones en la percepción pública sobre el sistema judicial y la capacidad del Estado para procesar a figuras de alto perfil. El resultado de este proceso será crucial no solo para Uribe, sino también para la confianza en las instituciones judiciales del país.
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