Por: Juanita Tovar Sandino
Está casi que listo el borrador de una de las reformas a la justicia más importantes que se avecina, se trata del proyecto de ley que busca ampliar la justicia negociada, y uno de los aspectos más polémicos es extender ese beneficio a delitos cometidos contra menores.
Esta reforma, impulsada por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ha generado polémica, ya que busca ampliar la justicia negociada, permitiendo rebajas de pena en estos casos. El proyecto ya fue revisado por la Comisión de Expertos para la reforma a la justicia y se encuentra en una etapa avanzada.
Uno de los principales argumentos de esta reforma es que, desde la implementación de la Ley 906 de 2004, el legislador ha restringido progresivamente el acceso a preacuerdos y principios de oportunidad, lo que ha dificultado la reducción de la congestión judicial, el acceso oportuno a la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas. El nuevo borrador propone modificar el Código de Infancia y Adolescencia para permitir rebajas de pena en delitos cometidos contra menores, generando controversia entre expertos.
Algunos de los miembros de la Comisión de Expertos han manifestado su preocupación, señalando que esta medida va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la propia Corte Suprema, y podría generar desprotección y revictimización de los menores. El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098) establece que quienes cometen delitos contra niños, como los ataques sexuales, no deben recibir ningún tipo de beneficio o rebaja de penas.
Recientemente, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, afirmó en un encuentro en Quibdó que esta propuesta podría ser retirada del proyecto, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva. El borrador sigue en discusión y en las próximas semanas se sabrá si la propuesta de modificar la justicia negociada para delitos contra menores será mantenida o eliminada.
Según el más reciente informe de Medicina Legal, entre enero y julio de 2024 se practicaron 10.390 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra niños, de los cuales 5.519 involucraron a menores entre los 10 y 14 años. Esta cifra subraya la gravedad del problema y el riesgo de que cualquier reforma pueda afectar negativamente a las víctimas.
A pesar de la necesidad de descongestionar el sistema judicial, el otorgamiento de beneficios judiciales a quienes cometen delitos contra menores genera un debate fundamental sobre el equilibrio entre la eficiencia procesal y la protección de los derechos de los más vulnerables. Aunque la justicia negociada ha demostrado ser una herramienta eficaz para acelerar procesos, flexibilizar su aplicación en casos de delitos contra niños podría comprometer principios fundamentales de protección infantil.
La reforma busca equilibrar la severidad de las penas con la eficacia judicial, permitiendo preacuerdos en ciertos casos. Sin embargo, existe el riesgo de que se fomente una justicia rápida a costa de la protección integral de los menores, quienes necesitan no solo justicia pronta, sino también un sistema que garantice su seguridad y bienestar.
Conocimos que en la última sesión de la comisión de expertos, varias organizaciones de derechos humanos remitieron sus observaciones en las que fijan como posición estar en contra de ampliar la justicia negociada a quienes cometan delitos contra menores de edad , la comisión ya le dio aval a esa propuesta y ese borrador se fue al despacho de la Ministra de Justicia para que recoja todas las observaciones al respecto y próximamente se sabrá la fecha en la que será presentado ante el congreso.
