“Si las Farc hubieran matado a Álvaro Gómez, hubieran reivindicado el asesinato al segundo”, afirmó la excandidata presidencial Ingrid Betancourt frente al reconocimiento que el año pasado varios excomandantes hicieron de este hecho en 1995 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a nombre de la hoy extinta organización.
Betancourt, quien estuvo durante 6 años en la selva en poder de las Farc después de que la secuestraran en 2002 cuando hacía campaña a la presidencia de la República, dice que no son creíbles las explicaciones que dieron los excomandantes de esa guerrilla.
Más de 13 mil exintegrantes de las Farc se acogieron ante la JEP tras el Acuerdo de Paz que firmó el anterior gobierno con esa organización, Tribunal ante el cual tienen el compromiso de entregar verdad y reparación a las víctimas a cambio de sanciones benévolas, que no implican cárcel, frente a los graves delitos que cometieron.
En una carta firmada por los excomandantes Julián Gallo, Pastor Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria, aseguran que el secretariado de las Farc ordenó el homicidio del líder conservador. También atribuyen 5 homicidios más entre 1987 y 2002, entre estos los del profesor Jesús Antonio Bejarano y el general (r) Fernando Landazábal.
Días después se hizo pública otra carta firmada por Rodrigo Londoño, Joaquín Reyes, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y otros exjefes guerrilleros, en donde señalaban que “los miembros del Secretariado de las extintas Farc-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho».
Aseguraron que lo mataron porque lo consideraban «un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra».
Sin embargo, Ingrid Betancourt consideró por lo dicho por los excomandantes que «el móvil no es claro, el modus operandi de la supuesta operación tampoco. Si las Farc hubieran matado a Álvaro Gómez, hubieran reivindicado el asesinato al segundo, porque ellos operaban así, haciendo públicas sus victorias militares».
Dijo también que «esas no son las Farc. Marulanda era un hombre astuto, pero no solapado. La ventaja, desafortunada para la justicia, de que las Farc confiesen un crimen de otros ante la JEP es que nadie –ni ellos, ni los verdaderos culpables– iría a la cárcel por ello. Lo que esto sí demuestra es que el tema del asesinato de Álvaro Gómez es todavía un asunto muy sensible para la opinión pública del país y que la verdad va a quedar escondida por mucho más tiempo».
Betancourt hizo estas afirmaciones en un diálogo que sostuvo con el expresidente Juan Manuel Santos y que quedó plasmado en el libro ‘Una conversación pendiente’.
Incongruencias
Si bien la autoría por parte de las Farc ha estado desde un principio bajo sospecha de la opinión pública, y en especial de la familia del dirigente inmolado, precisamente por ser considerada una autoincriminación que estaría desviando una vez más la investigación, hace dos semanas se conoció una grabación en la que se ponen de presente las incongruencias de la versión dada por el hoy senador Julián Gallo, también conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, en la que se declaró autor del magnicidio como comandante de la red urbana ‘Antonio Nariño’ que operaba en Bogotá.
‘Lozada’ dio los nombres de los miembros del ‘Estado Mayor’ del Bloque Oriental para que pudiera constatarse su versión. No obstante, aclaró que de ellos solo quedaban vivos tres, que corresponden a los alias de ‘Mauricio Jaramillo’, ‘Alberto Martínez’ y ‘Rafael Gutiérrez’.
En la grabación se escucha a ‘Lozada’ y a ‘Gutiérrez’, reunidos en la sede del Partido Comunes, increpándose por el testimonio dado por el primero ante la JEP. Una y otra vez se escucha a ‘Gutiérrez’ diciéndole a ‘Lozada’ que nunca conoció del magnicidio y que “por eso necesito hablar sobre esta situación porque no voy a responder por eso”.
Para el abogado de la familia Gómez, Enrique Gómez Martínez, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, la versión de ‘Lozada’ ante la JEP se ha venido a pique. Ya no es solamente la carencia de circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que el testigo aducido por él para justificar sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial, lo ha desmentido en toda la línea. De manera que, agrega el abogado, “son gravísimas las inconsistencias, las mentiras y ahora la intimidación”.
Es por ello que Gómez Martínez ha pedido ante la JEP la exclusión y pérdida de beneficios de ‘Lozada’, al tiempo que advirtió al Tribunal de las intimidaciones a alias ‘Gutiérrez’.
