El próximo 30 de agosto se celebra el bicentenario de la Constitución de 1821 que, según el consenso de los historiadores del derecho constitucional, viene a constituir el fundamento del derecho público colombiano que, a su vez, guarda afinidad con las de 1830, 1843 y la de 1886; incluso, algunos sostienen que la de 1886 contenía en su esencia la misma estructura orgánica y las mismas declaraciones dogmáticas que la de 1821.
En esta columna hemos sostenido que el antecedente directo de la Carta de 1821, fue la Ley de Angostura de 1819, cuyo proyecto fuera presentado por el Libertador y que fue acogido en sus elementos esenciales por el mencionado Congreso Constituyente que solo se separó de la propuesta de adoptar el Senado hereditario y el areópago o poder moral -han sostenido varios comentaristas- que quedó como apéndice “para que se verifique su establecimiento en circunstancias más favorables”.
La Ley de Angostura que expidió el Congreso de tal denominación en la localidad de Santo Tomás de Angostura, cabecera entonces de la provincia del Orinoco, mediante la cual se ordena la reunión de los antiguos territorios de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, que incluía a Quito como parte que era del Virreinato, para conformar la República que llevaría el nombre glorioso de Colombia -o Gran Colombia- que, a su vez, se dividiría en tres grandes departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito, con sus respectivas capitales en las ciudades de Caracas, Bogotá (eliminándole el nombre colonial) y Quito. Cada departamento tendría un vicepresidente distinto al de toda la naciente República.
Por su parte, se convocó para el primero de enero de 1821 la reunión de un nuevo Congreso General Constituyente en la Villa del Rosario de Cúcuta con el fin de que Diputados de todas las Provincias ratificaran y ampliaran lo acordado en Angostura.
El Proyecto de Constitución de 1821 fue presentado por el vicepresidente Antonio Nariño, quien instaló el Congreso, y en el que participaron los más connotados representantes de una generación de jóvenes jurisconsultos menores de 40 años, “porque casi todos los próceres de la independencia granadina habían sido fusilados por los realistas.”
Bolívar, luego de su prolongada ausencia del país por buscar la liberación de Ecuador y Perú, a su regreso sintió la necesidad de reemplazar el Estatuto de 1821 para conjurar los levantamientos que venían desde 1826, los brotes de anarquía que ya se advertían y que dieron paso al caudillismo al que tanto se le temía. Para tal efecto, comenzó a socializar el proyecto de Constitución para Bolivia que generó una corriente adversa y de hostilidad en algunos sectores que no produjo las condiciones necesarias que lo hicieran viable, como quedó demostrado en la Convención de Ocaña de 1828. Después sobrevino la conspiración septembrina para atentar contra la vida del Libertador, cuyo fracaso nos ahorró la vergüenza de presentarnos como unos parricidas ante el mundo civilizado. Luego vino el Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828 que debía servir de Ley Constitucional del Estado hasta el año de 1830, y la dejo sin vigencia.
