El trabajo articulado entre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dijin de la Policía Nacional permitió imponer medidas cautelares sobre 137 bienes, entre muebles, inmuebles y semovientes ubicados en Cartagena, Fonseca (Guajira), Neiva, Rivera y la Plata (Huila) por un valor aproximado de $2 mil millones.
Se trata de un caso que involucra recursos por más de $5 mil millones destinados a la construcción de 289 viviendas de interés social rural y que beneficiarían a los habitantes de los municipios de Tarquí y Suaza (Huila).
Dichos dineros eran administrados por el Consorcio G.I.V.I.S Huila al cual el 7 de diciembre de 2015 se les realizó un primer desembolso por más de $3 mil millones. A pesar de esto al 10 de abril de 2016 el porcentaje de ejecución de la obra solo era del 15 por ciento, aun cuando el plazo fijado para la terminación de la misma fue de ocho meses.
Según consta en el proceso, los recursos en mención fueron administrados por funcionarios de la Gerencia Integral G.I.V.I.S Huila y de una entidad financiera nacional en el año 2016. Estas personas habrían usado de manera irregular de parte de los recursos. Esto motivó la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de los bienes en mención.
Los activos sobre los que se impusieron las medidas cautelares eran de propiedad de Jaime Saavedra Perdomo, representante legal de una de las firmas; y de Sergio Agustín Suárez Nieves, quien para entonces se desempeñaba como gerente de vivienda de interés social rural de la entidad financiera.
Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE)
