El acuartelamiento del primer grado, no es otra cosa que unidades militares, se alisten y dispongan de toda la capacidad para blindar las elecciones, donde se elegirán los próximos gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales de ciudades y municipios, y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL).
Dentro de los municipios priorizados en materia de seguridad, se encuentran Algeciras, Colombia, Baraya, La Plata, Tello e Íquira.
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La orden de acuartelarse
En este aspecto, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, ordenó el acuartelamiento en primer grado de las tropas para evitar “acciones terroristas”. De esta forma, la orden cobija a la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional y la Armada Nacional, a partir del sábado 7 de octubre.
Asimismo, el coronel Pedro Pablo León Silva, comandante de la IX Brigada del Ejército, dijo: “esto significa que se requiere de todo el personal para atender este tipo de ejercicio democrático, lógicamente antes, durante y después de las elecciones a realizarse”.
En los acuartelamientos se suspenden las vacaciones y otros tipos de permisos con el objetivo de que los integrantes de las tropas estén disponibles y prestas a atender cualquier circunstancia que se pueda presentar.
Mesas de votaciones y personal
“Somos los encargados de brindar seguridad a 109 mesas de votaciones en el departamento del Huila, y Balsillas y Guayabal, que se encuentran ubicados en el Caquetá. Y según la alerta, clasifica siete municipios que están situación extrema en cuanto a afectaciones para estos comicios electorales”, añadió el oficial.
La IX Brigada del Ejército, cuenta con todos los batallones que son cerca de 2.000 hombres y mujeres para atender estos comicios electorales, además llegaron 500 castrenses más, pertenecientes al Grupo de Caballería Liviana y un batallón de Fuerzas Especiales.
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Municipios en potencial riesgo electoral
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional. Así lo revela la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
“Hemos emitido esta Alerta Temprana Electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la presentación del documento de advertencia.
La Alerta Temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca, Florencia, Quibdó, Neiva, Cúcuta y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
En este sentido, el Defensor del Pueblo le solicitó al Presidente Gustavo Petro liderar la respuesta que se dará a la Alerta Temprana, con el fin de impulsar acciones articuladas de toda la institucionalidad del Estado.
Aumentó la amenaza
El equipo de la Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones aumentó 39% el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
Solicita garantías de seguridad
Por su parte, la Procuradora Margarita Cabello Blanco hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, para que «brinde plenas garantías de seguridad, a los 17 municipios que requieren atención prioritaria en las elecciones», de acuerdo con la tercera versión del Mapa de Percepción de Riesgo del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional.
Los municipios de ocho departamentos que presentan mayor criticidad son: El Bagre y Yarumal (Antioquia); Arauca y Saravena (Arauca); Argelia, Balboa y Caldono (Cauca); San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Puerto Gaitán (Meta); Tumaco (Nariño); Cúcuta y Tibú (Norte de Santander) y, Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
La funcionaria, manifestó su preocupación por el incremento de hechos generadores de violencia sobre la población en alguna zonas del territorio nacional, “la mayoría ejecutadas por actores armados u organizaciones al margen de la ley”, y que, por coincidir con la etapa preelectoral y el periodo de campaña, “pueden llegar a incidir y afectar el derecho a la participación”.
Aprovechó para alertar sobre la financiación política de las campañas. “Hago un respetuoso requerimiento a las autoridades electorales, y a quienes tengan funciones sobre el proceso electoral, para que extremen las medidas y realicen las acciones respectivas, a fin de prevenir cualquier situación que afecte la transparencia del proceso electoral”.
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Hay preocupación frente a comicios
Las crecientes denuncias sobre la presencia de grupos armados ilegales y los múltiples casos de violencia política y electoral en distintos departamentos del país ponen en riesgo al actual certamen electoral, según varias organizaciones no gubernamentales que expusieron sus preocupaciones ante el Senado.
“Sobre los hechos victimizantes más graves revisamos que en el año 2019 hubo 22 homicidios; en el 2022 se llegó a 29 homicidios y, en este periodo electoral, sin haberse terminado, vamos por los 35 homicidios. Lo que implica que hay un incremento de la violencia política y electoral en este período”, según un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación.
En materia de transparencia la conclusión tiene que ver con la importancia de contar con organismos electorales cada vez más independientes de los actores políticos, que realmente vigilen los procesos de elección. Ya para finalizar, la Procuradora General, invitó a la ciudadanía a seguir ejerciendo su función como veedores ciudadanos permanentes del proceso electoral, aprovechando las nuevas tecnológicas y las redes sociales, como ya lo han venido haciendo, al denunciar posibles casos de intervención en política e irregularidades de servidores públicos.
