La sociedad colombiana se encuentra hastiada por los permanentes bloqueos que se están presentando en las vías urbanas y rurales de los municipios colombianos. Existe un panorama desalentador para que las familias colombianas, salgan a disfrutar los paisajes y los atractivos turísticos que nos ofrece la naturaleza, por el temor y el pánico que se presentan cuando un grupo de personas salen a taponar las rutas viales, con el fin de protestar ante los incumplimientos de las promesas que les hacen para atender sus demandas sociales. Ha venido creciendo en el país una modalidad de manifestación social que empieza a preocupar por sus consecuencias económicas y sus efectos en la libre circulación de carga y de ciudadanos por el territorio nacional. Se trata de los bloqueos prolongados e indefinidos de carreteras y vías públicas a cargo de personas que protestan por diversas razones y que generan impactos en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos del resto de la población.
Diariamente están ocurriendo los cortes de ruta, que se han convertido en la modalidad preferida de expresión de los manifestantes que protestan contra el Estado, pero que no miden las consecuencias hacia los demás sectores poblacionales. Más allá de la legitimidad de las quejas de las comunidades, la obstaculización de las vías, por su frecuencia, su duración y sus impactos, está pasando de ser una muestra del derecho a la protesta, al abuso de este democrático derecho. Diariamente a través de los medios de comunicación y redes sociales, se difunden estas imágenes, que impactan a la dinámica productiva del país, sin que exista autoridad alguna para contrarrestar estas formas de protestas. Son problemas reales y no imaginarios como lo expresan algunos sectores políticos afectos al gobierno nacional.
El accionar gubernamental, para prevenir y contrarrestar este flagelo es muy débil. Por este motivo, el presidente Gustavo Petro Urrego está perdiendo la credibilidad y el respaldo popular, que tenía el día de su posesión como primer mandatario de los colombianos. Este es uno de los motivos. Antes que acercarse a los ciudadanos, se está presentando un fenómeno adverso: se está aislando. Su gobierno le está incumpliendo a los sectores poblacionales, que cada vez se sienten decepcionados por la incapacidad y la ineptitud gubernamental para atender las grandes problemáticas sociales y económicas que aquejan a los colombianos. No se trata de desconocer o restringir el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y a la movilización, sino de entender que, cuando la expresión escogida es el bloqueo prolongado de una carretera, entran en juego otros derechos individuales y colectivos del resto de los ciudadanos. Impedir la circulación básica de personas, alimentos, combustibles, bienes y enfermos hace parte de los límites de la protesta y las autoridades deben garantizar que no se afecten esas libertades, que son soporte del bienestar ciudadano.
