ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Docente y Abogado Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho, Universidad Nacional de Colombia.
Mucho se habla hoy de corrupción en Colombia, se advierte que los recursos apropiados indebidamente por funcionarios corruptos de la Unidad de Gestión del Riesgo superan los 5 billones de pesos, pero que el escándalo no se reduce a los corridos 2 años del Presidente Petro, sino que cubre los 4 años de presidente Duque, quién además ha sido salpicado por los escándalos en el manejo de la pandemia, lo que ha ocurrido con las EPS y los bienes de la SAE donde su señora madre ha resultado implicada. Es bastante doloroso que el gobierno del cambio, esté siendo cuestionado por situaciones tan graves como las presentes y esperamos que organismos de control judicial, administrativo y político lleguen hasta las últimas consecuencias con los que se han atrevido a traicionar el mandato de un verdadero cambio que nada tienen que ver con este tipo de actuaciones. Ahora bien, es importante recalcar que la corrupción en Colombia no se ha iniciado y, como está claro, no terminará con este gobierno.
Los corruptos se acercan al mejor postor, sea de izquierda o de derecha, y hacen lo que les plazca con los recursos públicos. ¿Cuánta falta le hacen a Colombia personas como Antanas Mockus que, con su ejemplo y simbolismo, mostró que sí es posible tener una gestión admirable de los recursos públicos y nos enseñó que estos “son sagrados”? Lo anterior lo sustentó, pues el tema de la corrupción en Colombia tiene su historia desde el inicio de nuestra República, en 1824, nuestro propio Libertador, Simón Bolívar decretó pena de muerte para corruptos. Señalaba en ese entonces el decreto “Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos; y que por ende, “el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias” señalando entonces en su artículo 1°–“Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”. Y llamó la atención igualmente, como en su artículo 2 planteó que “Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”. En resumen, la condena a muerte del funcionario corrupto está igualmente determinada para el juez corrupto.
Los recursos públicos son para suplir las necesidades de los más necesitados, por ello, resulta ser tremendamente grave que se los roben, es preciso el desarrollo de una cultura ciudadana que rechace a este tipo de delincuentes y no como ocurre se tome fotos con ellos. Siendo un humanista, considero que la pena de muerte no es la solución, pero sí es fundamental que se establezcan medidas mucho más fuertes a este tipo de delincuentes, como el trabajo en la cárcel y el pago con su trabajo de los montos que se apropió indebidamente. Igualmente, que sean tratados sin ninguna consideración, pues, es absurdo que el propio Código Nacional Penitenciario y carcelario señale en su artículo 20 que “Los servidores y ex servidores públicos contarán con pabellones especiales dentro de los establecimientos del orden nacional que así lo requieran” Para este tipo de personas todo el rechazo social y el peso de la ley y tratamiento igual en las cárceles para que sean tratados como se merecen y sobre todo, se entregue el mensaje de que existe un Estado fuerte que está dispuesto a castigarlos de manera ejemplar.
