Según el Ministerio Público, las acciones que las autoridades deben emprender como consecuencia del monitoreo del servicio de vigilancia electrónica para privados de la libertad (PPL) se ha convertido en un dolor de cabeza, situación que perjudica la efectividad del control y la seguridad ciudadana.
Cabe recalcar que ya la Procuraduría General de la Nación, requirió a la Gobernación del Huila y a los alcaldes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, un informe detallado sobre las acciones planteadas en sus respectivos planes de desarrollo para contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía y Centros de Detención Transitoria de sus jurisdicciones.
Otro dolor de ‘cabeza’
Y esta advertencia la hizo la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública al señalar que no han sido suficientes y efectivas las acciones que adelantan la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para la implementación, seguimiento y atención del Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE), específicamente en relación con las contingencias y situaciones críticas reportadas sobre los dispositivos apagados.
El Ministerio Público, en sus acciones preventivas, evidenció que no se ha definido el procedimiento o protocolo, para la atención de las novedades relacionadas con los dispositivos apagados o no monitoreados de personas privadas de la libertad.
Y es que las acciones que las autoridades deben emprender como consecuencia del monitoreo del servicio de vigilancia electrónica para privados de la libertad (PPL), se ha convertido en un dolor de cabeza, situación que afecta la efectividad del control y la seguridad ciudadana, recalcó el ente de control.
Los señalamientos
Y es que en el pasado mes de julio del presente año, fueron 382 los dispositivos apagados, entre fluctuantes y totalmente, de los que no se tiene conocimiento del accionar de los internos que gozaban de este beneficio.
Es que a pesar de los diversos requerimientos, las autoridades responsables del monitoreo y control, no cuentan con un documento que determine con certeza las actividades, acciones, responsables y tiempos de respuesta, entre otros, que deben adelantar en los casos en que se tenga información a través de la plataforma tecnológica correspondiente que los dispositivos se encuentren en las situaciones señaladas.
Evidencia de lo anterior lo constata la plataforma Chronos que el pasado 2 de julio del año en curso, reportó 292 dispositivos intermitentes y otros 90 totalmente apagados desconociéndose las acciones tomadas por el competente para solucionar esta situación, ni el trámite surtido ante las autoridades judiciales para que estas adopten las decisiones correspondientes.
¿Y la seguridad ciudadana?
Otro de los tropiezos que encontró la Procuraduría es la falta de planeación presupuestal por parte de la Uspec, que ha impedido que se pueda culminar exitosamente el proceso de selección para contratar la interventora integral, dificultándose el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, encargado de la prestación del servicio de vigilancia electrónica.
Además, de dispositivos apagados y de una interventoría al contrato de prestación del servicio, incrementa la posibilidad de materialización de riesgos que pueden afectar la seguridad ciudadana y la administración de justicia, razones por las que el Ministerio Público requirió nuevamente de la Uspec e Inpec acciones prontas y efectivas.
La crítica problemática
Y en relación al hacinamientov que viven el personal privado de la libertad (PPL), en los Centros de Detención Transitoria (CDT) de Neiva, Diario del Huila, dialogó con Diana Fernanda Bernate, personera delega para asuntos penales de la Personería de Neiva, quien manifestó: “en el CDT ubicado en las antiguas Bodegas de Alpina, que tiene capacidad para albergar a 80 detenidos, en la actualidad tiene más de 212, y en el sitio ubicado en el barrio Bogotá, que está diseñado para albergar a 15 internas, en la actualidad tiene 41 femeninas privadas de la libertad”.
El único Centro que hasta el momento, no tiene problemas de hacinamiento, es el ubicado en el corregimiento el Caguán, que alberga 14 detenidos.
Gobernantes en la ‘lupa’ por hacinamiento
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, requirió a la Gobernación del Huila y a los alcaldes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata un informe detallado sobre las acciones planteadas en sus respectivos planes de desarrollo para contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía y centros de detención transitoria de sus jurisdicciones.
Así lo solicitó la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila a los mandatarios regionales, durante una mesa de trabajo en la que se analizó la situación penitenciaria del departamento, tras el intento de fuga registrado en el centro de reclusión transitorio ubicado en el barrio Alpina de la comuna seis de Neiva.
En la reunión, el órgano de control también solicitó a los mandatarios indicar los recursos destinados para el mejoramiento o restructuración de las sedes, donde permanecen las personas privadas de la libertad, o en su defecto para comprar o arrendar inmuebles que permitan su reubicación.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó a los directores de las cárceles de esos municipios adoptar las medidas pertinentes que les permita recibir a quienes ya se encuentran condenados y aún permanecen en las estaciones de Policía o centros transitorios, pues esa medida permitiría reducir el hacinamiento que se registra en la actualidad.
Seguimiento a los recursos
Ya el pasado 24 de julio, la Contraloría General de la República inició una Actuación Especial de Fiscalización al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.
El objetivo es verificar las condiciones y servicios que prestan los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, con énfasis en algunos centros como Epams Girón Palogordo, EMPMSC El Bosque de Barranquilla, Modelo Bogotá, CPAMSCAS La Paz de Itagüí, CPAMS Valledupar, CPAMS Santa Marta y La Ternera en Cartagena, entre otros.
Y es que, según reportó el ente de control, el Uspec y el Inpec tuvieron un presupuesto de 3 billones de pesos durante el 2023, para garantizar que las condiciones de los centros carcelarios fueran las adecuadas y que se presentaran los servicios correspondientes. Además, la cantidad presupuestal ascendió a 3.8 billones en 2024.
Adicionalmente, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, la CGR realizará una Actuación Especial de Fiscalización al Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, para ponerle lupa al funcionamiento y condiciones de las salas de audiencia en los Centros Transitorios de Reclusión en el nivel central, que tienen por objeto garantizar a los reclusos la correcta defensa pública.
Van dos muertes
Asimismo, se debe recordar que otra situación crítica, es el contagio de tuberculosis que padecen los detenidos en Neiva, incluso ya hay internos que han perdido la vida, como ocurrió en enero del presente año con Maicol Yorbin Buendía Serrano, quien se encontraba privado de la libertad, tuvo complicaciones de salud, luego de que contrajera tuberculosis. Posteriormente, el 3 de enero del año en curso, esta persona fue trasladada a la Clínica Uros, donde su estado de salud se agravó y tres días más tarde murió.
Igual ‘suerte’ vivió Oswaldo Jiménez Buriticá, un hombre de 30 años, quien se convirtió en la segunda víctima mortal que deja el Centro de Detención Transitorio, ubicado en las antiguas bodegas de Alpina. Su muerte, ocurrida en circunstancias aún bajo investigación, ha generado consternación y cuestionamientos sobre las condiciones de detención y el acceso a atención médica dentro de estas instalaciones.
