Más del 40% de la población global no tiene la posibilidad de acceder a la educación en su lengua nativa, lo cual afecta principalmente a comunidades indígenas y migrantes, perpetuando la exclusión social y vulnerando derechos esenciales.
DIARIO DEL HUILA, CULTURA
La diversidad lingüística del mundo es un reflejo de la riqueza cultural de la humanidad. Sin embargo, esta diversidad trae consigo un problema que a menudo se pasa por alto: la discriminación lingüística. Este fenómeno afecta a hablantes de lenguas minoritarias e indígenas, violando sus derechos fundamentales y fomentando la exclusión social.
Según un artículo de Andrea Cristina Álvarez Pacheco publicado en el Observatorio del IFE, y basado en datos de la ONU, existen más de 7.000 lenguas y alrededor de 3.000 lenguas de señas en todo el mundo. A pesar de esta diversidad, cada dos semanas desaparece una lengua, lo que significa la pérdida de un vasto patrimonio cultural. Las lenguas son mucho más que herramientas de comunicación; son una expresión de la identidad y la historia de quienes las hablan.
La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos distingue entre derechos individuales y colectivos. Los derechos individuales permiten el uso libre de la lengua propia tanto en el ámbito privado como en el público, mientras que los derechos colectivos garantizan la protección y visibilidad de las lenguas dentro de la sociedad, algo que los Estados deben promover a través de políticas educativas, culturales y judiciales.
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A nivel mundial, más del 40% de la población no recibe educación en su lengua materna, cifra que en algunas regiones alcanza el 90%. Diversas investigaciones han demostrado que el aprendizaje en la lengua materna mejora el rendimiento académico y fortalece la autoestima de los estudiantes. Sin embargo, muchas veces los sistemas educativos ignoran estos beneficios, relegando a quienes no dominan la lengua mayoritaria.
En México, la Constitución reconoce el derecho a preservar las lenguas indígenas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) establece que los hablantes de estos idiomas tienen derecho a utilizarlos en trámites oficiales y a recibir servicios en su lengua nativa. Sin embargo, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas ha estado en vigencia por solo 20 años, un periodo breve para un país que cuenta con 69 lenguas originarias.
La discriminación lingüística, o glotofobia, se refiere al trato desigual hacia alguien por su idioma, acento o forma de hablar. Esta forma de exclusión no solo se refleja en burlas, sino también en desigualdades en el acceso a oportunidades laborales o educativas, afectando frecuentemente a comunidades históricamente marginadas, como las indígenas y migrantes.
Un incidente ocurrido en 2022 en México evidenció este problema: un joven otomí fue agredido físicamente por no hablar “correctamente” el español. Este tipo de violencia es una manifestación extrema de la discriminación lingüística, la cual está alimentada por prejuicios relacionados con el racismo y el clasismo.
Los prejuicios sociales han arraigado el desprecio hacia las lenguas indígenas y las variantes no normativas del español. El uso peyorativo del término “dialecto” refleja esta discriminación, al percibir ciertas formas de hablar como inferiores.
En cuanto a la protección de los derechos lingüísticos, se pueden identificar cinco áreas clave:
1. Cultura: Garantizar la preservación y promoción de las lenguas como parte de la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades.
2. Educación: Asegurar el acceso al conocimiento y a la producción cultural en la lengua materna, no solo en el entorno familiar, sino también en el sistema educativo oficial.
3. Justicia: Derecho a recibir interpretación y traducción en la lengua materna durante procesos legales, asegurando equidad y respeto a las costumbres.
4.Servicios: Acceso a servicios públicos en la lengua nativa, incluyendo trámites gubernamentales y señalización bilingüe en regiones habitadas por comunidades indígenas.
5. Participación ciudadana: Derecho de las comunidades indígenas a tener personalidad jurídica para influir en decisiones colectivas y acceder a instancias legales.
Para erradicar la discriminación lingüística, es crucial reconocer que todas las lenguas y sus variantes son igualmente valiosas y legítimas. La protección de los derechos lingüísticos es esencial para garantizar la inclusión y el respeto hacia todas las culturas.
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