En Colombia, la discusión sobre la implementación de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de menores ha resurgido, impulsada por recientes casos de violencia que han conmocionado al país. En la actualidad, la pena máxima en Colombia es de 50 años, aunque puede ser reducida si el imputado accede a beneficios legales. Este límite ha llevado a diversas voces en el ámbito público y político a proponer la implementación de la cadena perpetua como una medida para reducir estos crímenes.
La experta en infancia y adolescencia, Tatiana Linares, quien ha trabajado con comunidades urbanas y rurales en el país, enfatiza la necesidad de discutir el tema públicamente. Según Linares, es fundamental proteger a los menores, ya que son el futuro de Colombia, y casos de abuso y asesinato demuestran los peligros a los que están expuestos sin una protección estatal contundente.
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Linares, sin embargo, cuestiona la efectividad de la cadena perpetua como solución para prevenir futuros crímenes contra menores. “Aunque pueda parecer una solución drástica, no es necesariamente la respuesta más efectiva. Estos crímenes sexuales, especialmente contra menores de edad, despiertan una reacción comprensible de indignación”, explicó. La especialista destacó que si bien esta medida podría ser una respuesta inmediata a la exigencia de justicia por parte de la sociedad, no aborda las raíces del problema.
La psicóloga también argumenta que los abusadores de menores a menudo actúan desde profundas heridas emocionales no tratadas, la soledad o la distorsión de su identidad, a menudo influenciados por entornos hostiles. “Muchos de estos agresores actúan desde el dolor no tratado. Simplemente imponerles una cadena perpetua no resolverá esas heridas, ni evitará que otros sigan el mismo camino”, señaló Linares. Para ella, el enfoque debe estar en la prevención y en identificar a tiempo a personas con patrones de conducta que puedan derivar en crímenes de esta índole, a través de programas de atención y tratamiento psicológico.
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Mientras tanto, en el ámbito político y social, crece la presión para que el Congreso discuta nuevamente la posibilidad de endurecer las penas. Líderes de opinión y ciudadanos insisten en que es necesario tomar medidas que envíen un mensaje claro de rechazo absoluto contra este tipo de crímenes. Sin embargo, otros sectores señalan que estas políticas punitivas deben estar acompañadas de un enfoque integral que incluya educación, apoyo psicológico y medidas preventivas para abordar el problema desde su raíz.
