Una vez más las decisiones de la Justicia generan fuerte controversia. En esta ocasión, la declaratoria de inconstitucionalidad del acto legislativo que imponía cadena perpetua para los homicidas de niños, ha alborotado a defensores y contradictores de esa medida legislativa.
La discusión es propia de las falencias que padece una sociedad enferma donde, por una parte, existe la demagogia de políticos, congresistas y gobierno; mientras que, por otra parte, ciertas decisiones de los más altos organismos de la justicia generan incoherencia y cierta desconfianza.
Es demagogia legislativa y gubernamental pensar que un problema de desadaptados sociales con cierta tendencia criminal, se resuelve con condenas que impliquen una pena carcelaria perpetua; cuando lo sensato es que el Estado diseñe y ejecute una política pública con la cual enfrente las diversas manifestaciones del delito con el fin de proteger la vida, honra y bienes de sus ciudadanos.
Ahora bien. La justicia representada en este caso por la Corte Constitucional, incurre en grave incoherencia conceptual al considerar que la readaptación social del delincuente o criminal, sea un objetivo constitucional superior a la protección de la infancia, cuando la propia Carta Política es clara en señalar la prevalencia de los derechos de los menores. Allí es donde observo la incoherencia.
Es este entonces el meollo jurídico y político de la discusión. Al respecto, conviene decir que unos y otros, ahora se rasgan las vestiduras para defender o censurar un hecho que si bien es cierto genera controversia; tampoco es de la trascendencia que el asunto merece; teniendo en cuenta que las realidades sociales, económicas y culturales que hoy enfrenta la sociedad colombiana, son muy distintas y ellas pasan por un desajuste institucional del sistema democrático donde la política y la justicia son los principales responsables.
Me explico. Los homicidios de menores son indiscutiblemente un crimen abominable. La pregunta pertinente es si con penas de cadena perpetua la disuasión es tan eficaz como para protegerlos. No estoy convencido de ello. Entre otras razones, porque quien asesina o atenta contra la integridad de un menor es un verdadero sicópata y estos delincuentes se generan en los ambientes familiares y sociales de hogares descompuestos, bipolares, sin temor de Dios, sin valores éticos y morales; quienes deberían ser objeto de una atención especial por parte del Estado, la que seguramente sería mas eficaz y económica que mantenerlos encarcelados por el resto de sus vidas.
En consecuencia, la falta de una verdadera política criminal armonizada desde la sociedad y acogida sin ambigüedades por el Estado, es la que podría garantizar que la justicia y la política confluyan en su razón de ser: el bienestar de todos los ciudadanos, sin exclusiones.
De otro lado, tienen mucho mayor impacto nefasto en la sociedad los narcotraficantes y corruptos que se roban los recursos públicos. Tanto los unos como los otro, le ocasionan un profundo daño a todos los sectores sociales, ahí sí, sin discriminación alguna. Para ellos, sí debería implementarse con rapidez la cadena perpetua, en sitios de reclusión especiales donde trabajen para costear su propio sostenimiento alimentario y con efectiva y real extinción de dominio sobre los bienes adquiridos con los dineros producto de su conducta criminal.
Pero claro, para adoptar una decisión política y jurídica de esta envergadura se requiere que los políticos y la cúpula del sistema judicial, así como el gobierno, quieran enfrentar sus propias realidades y trabajar de verdad por la equidad, la sana convivencia social y la anhelada paz que todos deseamos.
COLETILLA. El transcurso del tiempo es el mejor juez de las realidades sociales. Samper sí sabía de los dineros del narcotráfico que lo eligieron presidente. Desde tan incuestionable realidad se pudrieron los valores éticos y morales que hoy tienen secuestrado al Estado y a sus instituciones democráticas.
